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Advierten sobre las nuevas políticas de seguridad del gobierno nacional

Desde Amnistía Internacional Argentina alertan sobre el decreto 383/2025 que “deroga el Estatuto de la PFA y establece atribuciones extraordinarias en tareas de investigación y prevención” como lo dijo Noelia Garone en Apuntes y Resumen.

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, junto al presidente Javier Milei presentaron el martes último un nuevo estatuto para la Policía Federal, que incorpora formalmente el ciberpatrullaje como tarea preventiva, pero sin necesidad de orden judicial. A través del Decreto 383/2025 publicado en el Boletín Oficial se deroga la Ley Orgánica de la PFA, vigente desde 1958.

Además, extiende la posibilidad de hacer requisas también sin orden judicial. Según el artículo 6, inciso 13, se permite esta práctica cuando “exista una sospecha fundada de que alguien podría ocultar objetos relacionados con un delito, si hay riesgo de que desaparezcan pruebas, o si la requisa ocurre en la vía pública en el marco de un operativo de prevención”.

En diálogo con Radio UNR, la Directora de protección y promoción de DDHH en Amnistía Internacional Argentina, Noelia Garone cuenta que “el decreto 383 se inserta en el marco de varias reformas del Ministerio de Seguridad de la Nación y que representa un cambio profundo en la estructura de funciones de la Policía Federal Argentina (PFA) sin pasar por el Congreso de la Nación por lo que este tipo de cambios implican posibles vulneraciones de las personas y es importante que pase por un debate legislativo profundo”.

“Esta nueva medida implica un cambio en el rol de la PFA que ya no cumplirá funciones en materia de seguridad que no sea federal dentro del territorio de CABA y se centrará en la investigación de delitos federales y complejos como el narcotráfico, el crimen organizado y ciberdelito”.

Desde el organismo observan “con preocupación” el tema del ciberpatrullaje, “que habilita a la PFA a realizar sin autorización judicial tareas de prevención del delito en espacios públicos digitales como redes sociales abiertas, sitios web públicos y otras fuentes abiertas. Esto plantea riesgos de vigilancia masiva y perfilamiento discriminatorio, que afectan derechos fundamentales como la privacidad, la igualdad y la libertad de expresión”.

“Otra gran problema tiene que ver con la libertad de las personas e integridad física porque permite la requisa personal por alguna sospecha de algún posible delito o porque no den los tiempos para pedir orden judicial y por otro lado la detención de personas de 10 horas por averiguación de antecedentes”, cuenta Garone.

En este sentido puntualiza que “se habilita a la PFA a detener personas por hasta 10 horas, si existiesen circunstancias debidamente fundadas que hagan presumir que alguien hubiese cometido o pudiere cometer algún hecho delictivo y no acreditase fehacientemente su identidad”.

Desde Amnistía Internacional Argentina afirman que “el mantenimiento del orden y la seguridad no se contrapone con los DD.HH. Por el contrario, su respeto y protección es una de las dimensiones que mejor describe un Estado de Derecho. Es fundamental que toda reforma en las políticas de seguridad se lleven a cabo en el marco del Congreso de la Nación con un debate profundo que incluya la participación de expertos técnicos y jurídicos, organismos estatales relevantes y organizaciones de la sociedad civil”.

La organización confirmó que llevará a la justicia este decreto porque “claramente tienen que tener una revisión” cerró Garone.