Jorge Henn, Defensor del Pueblo de Santa Fe, expresó su posición ante la audiencia nacional en la que la empresa Litoral Gas, prestadora del servicio en la provincia, reclamó aumentos que van desde el 89% hasta el 119%, y también los capítulos locales en torno a la energía eléctrica y aguas y cloacas

El Gobierno nacional anticipó que implementará una modificación en los criterios de segmentación de la tarifa del servicio de gas natural con la aplicación de una Canasta Básica Energética para reformular los denostados subsidios. En ese sentido, durante la la Audiencia Pública 104 que este lunes convocó –en formato virtual– el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), el secretario de Energía de Nación, Eduardo Rodríguez Chirillo, señaló que el cambio será “gradual” a lo largo de tres meses y que a partir del 1 de febrero, cuando comenzará a trasladarse los nuevos precios mayoristas a la factura final de los usuarios.

En diálogo con el programa Apuntes y Resumen, Henn señaló que, de la exposición del funcionario nacional en esa audienciale quedó claro que el Gobierno no tiene “un norte claro” de políticas tarifarioas, y que sólo expone como idea utilizar la capacidad adquisitiva de los sectores medios y bajos como variable de ajuste.

Es preocupante, dijo, porque se amontonan aumentos abruptos de la energía eléctrica, los servicios sanitarios, las prepagas y ahora el gas, que por lo que conoce será superior al 300%.

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“Muchos no van a poder pagar esas tarifas”, advirtió el Defensor del Pueblo. Por ejemplo, acotó, cuentapropistas que salen todos los días a pelear sus ingresos y no llegan a fin de mes.

Henn aclaró que si bien se comprenden las miradas oficiales centradas en la reducción de los déficits y el alcance del equilibrio fiscal, aún reconociendo la gravedad de los temas no se puede soslayar la dimensión humana, la socioeconómica, y lo que se observa es que desde el Gobierno no se miden los costos de las medidas en esas dimensiones.

El Defensor santafesino explicó que en el tem,a de los servicios hay mecanismos distintos. El que atañe a la empresa Litotal Gas responde a una concesión nacional que se subdividió en ocho distritos y fue votada con el famoso “diputrucho” durante la década de los 90. En Santa Fe, recordó, la prestadora no ejecutó obras de infraestructura a las que estaba obligada. Y la Defensoría del Pueblo, agregó, acumula reclamos por mala atención, entre otros ítems.

En el caso de la energía eléctrica, continuó Henn, el sistema, también con las privatizaciones del menemismo, fue segmentado. La generación y transmisión corresponden al ámbito nacional, pero la distribución (hasta el usuario final) está bajo la órbita provincial, en el caso de Santa Fe con la estatal EPE. Lo mismo sucede con el servicio de aguas, cloacas y sanidad ambiental, que se reestatizó manteniendo el mismo estatuto de los años 90 pergeñado por el entonces ministro menemista Jorge Dromi.

De las audiencias de Aguas en la provincia, y de gas a nivel nacional, el planteo de la Defensoría, aclaró Henn, es que las tarifas reclamadas no pueden ser pagadas por la mayoría de los usuarios santafesinos.

En ese tema, dijo, está el ejemplo de cómo, a veces, colisiona el interés declamado por el Estado y el de los ciudadanos. Porque si bajo los argumentos de retrasos se proponen aumentos impagables, se llega a un callejón sin salida respecto de la dimensión socioeconómica.

En términos de las funciones, el santafesino explicó que las Defensorías no solo tienen que accionar ante derechos vulnerados sino prevenir y emitir alertas. En esa lìnea, acotó, unop de los temas que se van a abordar en los próximos días remite a uno de los contenidos del DNU: el de los contratos de locación ante la derogación de la ley de alquileres.

Sobre el efecto de las audiencias públicas, Henn opinó que es asbtracto el planteo de si deben o no ser vinculantes para las decisiones finales. Con 160 expositores y una buena calidad de intervenciones, como ocurrió con la del gas, ejemplificó, en la que expusieron las ocho distribuidoras, las cooperativas, las defensorías del Pueblo de todo el país, todas con posturas diferentes, no pueden ser vinculantes. Lo que no debería ocurrir, completó, es que se ninguneen los planteos y argumentaciones, que las audiencias no tengan incidencia respecto de las propuestas iniciales y sólo sean un trámite formal.