Lucas Micheloud de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, lanzó una advertencia sobre las consecuencias medioambientales y sociales derivadas del Decreto de Necesidad y Urgencia. Allí enfatizó sobre la desregulación total que implica la derogación de la Ley de Tierras Rurales, y señaló sus repercusiones en la soberanía territorial y los ecosistemas vinculados
Desde el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) se emitió un comunicado expresando un enérgico rechazo al Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 70/2023, catalogándolo como inconstitucional y contrario a los principios fundamentales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El comunicado destaca la falta de argumentos sólidos y la ausencia de cumplimiento de los requisitos constitucionales de “necesidad” y “urgencia” en la emisión del DNU, que consta de 336 artículos y fue impulsado de manera apresurada, violando así la prohibición constitucional establecida en el artículo 29 de la Constitución Nacional.
Entre las preocupaciones expresadas, se destaca la amenaza a la Soberanía y al Ambiente que representa este decreto. En este sentido, Lucas Micheloud, integrante de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, conversó con La Marca de la Almohada sobre las implicancias ambientales del DNU. Según afírmó:”Esto compromete no solo la soberanía territorial, sino también cuerpos de agua y áreas fronterizas”.
“Lo que esta derogación hace es liberalizar la compra de tierra y, por consiguiente, de los ecosistemas que se encuentran en esas tierras: humedales, selvas, cuencas. Se pone en debate el uso de la tierra, habilitando la concentración de tierras y la extranjerización”, advirtió.
En un tono preocupado, subrayó que esta liberalización podría tener consecuencias directas en comunidades rurales e indígenas, quienes, históricamente, lideraron la resistencia y la defensa de los recursos naturales. “Además, hay que destacar que esto seguramente implicará un desplazamiento y despojo de tierras a poblaciones que sostienen procesos de resistencia y defensa de los recursos naturales”, agregó.
Micheloud también alertó sobre otras medidas incluidas en el DNU, como la privatización de empresas públicas y la liberalización tarifaria, que amenazan el mercado interno de energía y desincentivan las energías renovables de baja escala. La derogación de normas alimentarias, profundiza la crisis y afecta la soberanía alimentaria.
Ante este panorama, desde CAJE y AAdeAA hacen un llamado urgente a la población para exigir la revisión y rechazo del DNU 70/2023, solicitando a la clase política que establezca límites al ejecutivo en su búsqueda de concentrar el poder público.
