Frente al discurso que impulsa el uso de la fuerza y la baja en la edad de imputabilidad, en Apuntes y Resumen plantearon la falsa idea de seguridad que llevan esas posturas Carolina Hernández, Matilde Bruera, Juan Lewis, Orlando Cesoni y Norberto Olivares

El brutal crimen de Morena Domínguez, la pequeña de 11 años que fue asesinada en Lanús durante un robo, y el homicidio de Facundo Morales, el fotorreportero asesinado por la policía de la Ciudad de Buenos Aires durante una protesta, volvió a agitar las posiciones punitivas que, desde algunos sectores, agitan la baja en la edad de imputabilidad y mano dura como solución a los problemas de inseguridad.

En la Tertulia de Viernes que propone cada semana Apuntes y Resumen, abordaron el tema Matilde Bruera, diputada y ex defensora pública; Juan Lewis, abogado y ex ministro de Justicia; Orlando Cesoni, coordinador técnico de la especialización en infancia y adolescencia de la UNR y docente e la diplomatura de acceso a la justicia y grupos vulnerables de la facultad de Derecho; la jueza de la Cámara de Apelación penal de Rosario Carolina Hernández, y el abogado que pertenece a la cátedra popular de derechos humanos Luciano Arruga, Norberto Olivares.

“Este discurso de una política violenta de represión también autoriza a reprimir a las fuerzas de seguridad. No es casual el asesinato de este muchacho en el Obelisco. Esta violencia no es casual. Hay un discurso político violento. El crimen organizado es uno de los mayores productores económicos. La plata del narco y de las economías delictivas circula por determinados circuitos que nadie se anima a tocar. Y esta es la madre de la violencia”, inició el debate Bruera.

Respecto a la baja en la edad de imputabilidad que proponen desde algunos sectores, Hernández aseguró que se plantea esa salida “como si fuera a dar una respuesta en materia de seguridad, cuando esto tiene que ver con un diseño de políticas públicas de seguridad y no con un cambio legislativo”.

“El debate que nos debemos es si estamos dispuestos a conversar cuál es el modelo de enjuiciamiento penal que queremos para niños, niñas y adolescentes. Nos rige el régimen penal de la minoridad, que es un decreto ley, de la época del gobierno de facto. Hay que adecuar el modelo de enjuiciamiento a la convención internacional sobre los derechos del niño. Una ley no va a cambiar nada en materia de seguridad. Tal vez es la respuesta más sencilla, porque es barato”, aseguro Hernández.

“Tenemos que tener en cuenta que ya existe legislación internacional que en materia de derechos humanos no podemos tener una legislación regresiva. Si bajamos la edad sería desoír esas pautas internacionales”, añadió la magistrada. 

Para Lewis “el sistema penal no soluciona absolutamente”, porque ante “problemas de diferente naturaleza el sistema penal siempre da una respuesta represiva”.

“Los profesores italianos acuñaron un término: derecho penal simbólico. Hacen referencia a que cuando desde la política no se sabe cómo resolver un problema, proponen una ley penal. Muestran que están haciendo algo y justifican su trabajo. Es un mito que no arregla nada. El sistema penal no es una respuesta efectiva a los problemas de la marginalidad, de la criminalidad juvenil”, alertó el ex ministro.

Cesoni recordó que es “cíclica” la discusión para bajar la edad de imputabilidad, pero sugirió que es un buen momento para pensar “qué estamos haciendo como sociedad y qué hace el Estado”.

“No tengo duda de que la gente lo que quiere es seguridad. Cuando hablan de la baja de imputabilidad están hablando de que quieren seguridad. Por algún motivo ubican la seguridad en dejar privado de la libertad a alguien. Quizás por unos meses lo resuelve, pero eso no resuelve nada porque ese chico o chica vuelve a salir y si no hay un circuito social que los incluya, es posible que no salga de ese circuito delictivo. ¿Qué quiere la sociedad cuando pide seguridad?”, se preguntó Cesoni. “Sin trabajo y educación no hay posibilidad de insertar a ningún sujeto en la vida en comunidad”, añadió.    

Hernández recordó haber participado de conversatorios donde familiares de víctimas de hechos graves, donde los imputados eran menores de edad, no reclamaban un largo encierro para el victimario, si no su recuperación.

“Todos decían puede ser un hijo mío. Quiero que cuando salga lo haga con consciencia de que le pudo hacer daño a otra persona. Los jueces necesitan programas de contención para derivar a esos jóvenes. Si no tenemos esos programas, ¿dónde los vamos a derivar?”, planteó la jueza.

“En vez de permitir un debate que permita avanzar en alternativas que no estigmaticen, que permita incorporar más niños excluidos, lo que está haciendo es obturar la posibilidad de discutir seriamente”, sumó Lewis sobre el trabajo de contención que debe hacerse sobre los menores en estado de vulnerabilidad.

Bruera insistió en que “los niños tienen poca incidencia en el problema de seguridad”. Marcó que menores de 16 años participan ente el dos y el cuatro por ciento de los casos, aunque es habitual que sí sean víctimas. “Analizamos las estadísticas de homicidios. Más del 50 por ciento son jóvenes que van desde los 14 años a los 25. Estamos en esta discusión de la baja de imputabilidad y ocultando el problema real de la inseguridad”, indicó la legisladora.

En el mismo sentido Cesoni aportó: “En términos delictivos la población punible entre 16 y 18 años tampoco tiene un índice muy grande en relación al delito nacional. Es un 5 por ciento. Los niveles de reincidencia, tampoco”. 

Olivares recordó a Facundo, el joven asesinado por la policía en Buenos Aires y pidió “no caer en el fetichismo de los procedimientos y del derecho, que es una norma”. Consideró que es un error “pensar que una norma puede regir igual para situaciones de correlación de fuerzas y de situaciones sociales que son antagónicas” y criticó al derecho “que siempre tiene una tendencia a definirse por uno de los polos”.

Por último, Cesoni abordó los alcances de la llamada “práctica restaurativa”, un sistema que implica a la víctima, al posible victimario, que muchas veces es también víctima, y a la comunidad en su conjunto.

“Implica encontrar una solución alternativa que permita resarcir no el daño que se ocasionó. A veces es imposible hacerlo. Pero sí una acción concreta puedo devolverle a la sociedad y demostrar que estoy de acuerdo en esas normas de convivencia, que las empiezo a respetar, que me hago cargo de que cometí un error. Es más interesante hablar de prácticas restaurativas antes de que llegue a una instancia judicial. Me parece que ese es el camino. Si no es ir a más fuerza, a más represión. O nos sentamos, dialogamos, vemos como convivimos o viene un tercero e impone la fuerza”, concluyó.