Debate sobre una matriz jurídica de la expoliación iniciada en la década de 1990 que habilitó los nuevos modelos de agronegocios y megaminería
La resistencia de gran parte de la sociedad jujeña, incluidas las comunidades originarias, a la reforma constitucional impulsada por el gobernador radical Gerardo Morales con el apoyo del PJ local en un tratamiento inconsulto y express, remite a un andamiaje legal y políticas públicas que el Ejecutivo de la provincia norteña potenció con los cambios a la Carta Magna. En la Tertulia de Viernes, el programa Apuntes y Resumen debatió ese trasfondo de la protesta social.
Como invitados en el estudio de Radio Universidad estuvieron el abogado ambientalista Lucas Micheloud, el ex dirigente de Federación Agraria Pedro Peretti, la integrante de la comunidad qom de Rosario Noelia Naporichi y Oscar Talero, presidente de la comunidad qom Qadhuoqté de barrio Los Pumitas. A ello se sumó la periodista especializada en temas ambientales Jorgelina Hiba.
Peretti hizo hincapié en los beneficios tributarios que tienen las grandes mineras del litio en Jujuy. El dirigente detalló que las regalías mineras en la provincia del estallido son del 3%, pero como las dos corporaciones que explotan yacimientos tienen una participación minoritaria del Estado a través de la empresa Jemse, la legislación permite que, además, sea un punto menos como fomento a la “industrialización local”.
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Además, siguió, las firmas transnacionales no pagaron Ganancias entre 2018 y 2021 por excensiones que impuso el fomento de la ley minera. Respecto de los derechos de exportación (retenciones), abonan un 4,5 del bruto exportado, aunque eso es engañoso: tributan por el monto que las mismas compañías declaran, sin control público.
Los privilegios siguen, y Peretti los repasó: pagan 3% de seguridad social, nada de tasa ambiental, y están excentas de Ingresos Brutos y del Impuesto a los Sellos. Si eso no bastara, en lugar del impuesto inmobiliario (rural) pagan un canon minero de alícuota irrisoria: 1900 pesos por cada hectárea de los yacimientos de litio. Y se benefician con la devolución del IVA.
El ex directivo de Federación Agraria resaltó que, aún con todas esas concesiones, hacen trampa. Recordó las 403 operaciones de subfacturación de exportaciones de litio detectadas por la Dirección de Aduanas hace poco. Las maniobras fueron entre 2018 y 2019. Una minera, cuyo nombre se mantiene en reserva, declaraba el valor de su mercadería para la salida del país a un tercio de lo que tributaban sus competidores y la enviaba a una firma vinculada de Estados Unidos.
Peretti lo resumió: “Hoy, técnicamente, la Argentina pierde plata con el litio. Es más lo que pone que lo que saca”.
Talero sumó la visión de las comunidades originarias. Respecto al avance sobre los pueblos indígenas, recordó que no es nada nuevo. “Tiene más de 500 años”, remitió a la conquista española de América. Antes con la Corona de la metrópolis, y después con el Estado argentino o los provinciales.
La represión de las comunidades en Jujuy tampoco es inédita, completó el referente qom: en 1924 en Chaco, en 1947 en Formosa y hace más de 100 años en el norte santafesino.
Talero juzgó imprescindible un cambio de paradigma para enfocar la producción, la economía y las políticas públicas en la importancia de los territorios, esenciales para los pueblos originarios, y en el cuidado del medio ambiente.
“Los derechos están en la Constitución Nacional”, admitió, pero en la práctica no se materializan. En parte, porque las dependencias de aplicación están centralizadas en Buenos Aires. Y los pueblos, agregó, no tienen representación legislativa.
Micheloud repasó el origen de una matriz que habilita lo que ocurre en el norte argentino con el litio pero de impacto más general. Aludió a la reforma constitucional negociada en el llamado Pacto de Olivos de 1994 pero abrió el abanico a toda una década paradigmática.
El abogado ambientalista señaló que la reforma del 94 consolidó avances en materia de derechos humanos, ambientales y de participación ciudadana. Pero el artículo 41, que traspasa los recursos naturales a las provincias es uno de los antecedentes de los conflictos actuales. Es una parte, porque el contexto temporal fue aún más impactante. Micheloud mencionò la construcciòn de una sólida matriz legal en el marco de la reformulación del Estado de los 90 que habilitó, entre otras cosas, la megaminería metalífera primero y, a partir de 1998, la de litio.
También allí se cifra, dijo, el avance del agronegocio basado en el paquete tecnológico de cultivos genéticamente modificados y uso intensivo de agrotóxicos. Y la instalación de un nuevo modelo agroindustrial con la privatización del sistema portuario. Todo, con graves impactos sociales, ecológicos y económicos, calificó las consecuencias.
Añadió que en ese marco surgieron a la vez nuevos modos de extractivismo, como los monocultivos forestales en el Litoral, principalmente de eucaliptus y pinos. Fue, sintetizó, la puerta de entrada del Consenso de Washington, con la consolidación de un país primarizado en lo productivo y más desigual en lo social.
Todo eso, enhebró, explica las resistencias territoriales, porque la panacea de las inversiones externas y el desarrollo no se traducen en la realidad. Las premesas de una mejor calidad de vida para la sociedad viraron en lo contrario. Y ejemplificó con la extracciòn de petròleo y gas no convencional de Vaca Muerta, el litio y la megaminería. Como habìa señalado Peretti, la ecuación cierra con pasivos ambientales y sociales para el país y sus habitantes, y ganancias extraordinarias de las empresas que se van al exterior.
