Fiscalía solicitó perpetua para 14 policías procesados. Reclamó que la sentencia se incorpore a la currícula policial y que la comisaria 7ma se transforme en centro de atención a víctimas de violencia institucional.
El abogado del caso de Franco Casco, Guillermo Campana, estuvo en Apuntes y Resumen detallando el alegato del fiscal federal Fernando Arrigó. Este lunes 8 de mayo, en una nueva jornada de los alegatos de clausura en los Tribunales federales, fiscalía solicitó que de los 19 policías imputados 14 tengan condena perpetua. Además, pidió al Poder Ejecutivo un par de medidas necesarias para la reparación y la no repetición de los hechos, por un lado que el caso entre dentro de la curricular policial como un caso testigo ejemplificador en lo que es la violencia institucional y, por otro lado, que la comisaría 7ma se transforme en centro de atención a víctimas de violencia institucional.
La condena solicitada para los y las imputadas son la prisión perpetua por el delito de desaparición forzada agravada por la muerte de la víctima en calidad de co-autores a los policías César Acosta, Guillermo Gysel, Cintia Greiner, Rocío Hernández, Marcelo Guerrero, Enrique Gianola Rocha, Esteban Silva, Franco Zorzoli, Romina Anahí Díaz y Ramón Juárez, y por los mismos delitos pero agravados por la tortura a Diego Álvarez, Cecilia Contino, Walter Benítez Fernando Blanco. También se suma el pedido de condena por 14 años y 10 meses por el delito de desaparición forzada agravada por la muerte de la víctima en calidad de participes secundarios a los policías Belkis González y Rodolfo Murúa, la condena de 5 años y 10 por el delito de encubrimiento a Pablo Síscaro y Daniel Escobar quienes se desempañaban en Asunto Internos en el momento de los hechos y, por último, a 3 años por falso testimonio Alberto Crespo que es vecino del lugar.
El abogado Campana expresó que el caso de Franco fue el coronario del despliegue de las fuerzas policiales en los territorios y de una serie de irregularidades que desde hace tiempo denuncian desde las organizaciones, donde las juventudes y determinados sectores vulnerables de la sociedad eran y son víctimas de violencias y detenciones injustificadas.
Remarcó la importancia de que el Estado intervenga con políticas públicas que aporten a la reparación y la no repetición de estos casos de violencia institucional, que “la sociedad entienda que esto no puede volver a suceder y que hay que trabajar para la plena vigencia de los derechos humanos”.
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