Tras la Marcha Mundial de la Marihuana del pasado viernes 6 de mayo, la especialista Silvia Inchaurraga visitó los estudios de La Marca de la Almohada para conversar sobre el trabajo que llevan adelante desde diferentes organismos e instituciones para exigir una nueva ley
El pasado viernes 6 de mayo, organizaciones cannábicas, de reducción de daños y derechos humanos convocaron a participar de una nueva Marcha Mundial de la Marihuana, bajo el lema “Rosario se planta” para exigir una nueva política de drogas. La psicóloga, directora del Centro de Estudios Avanzados Drogodependencias y SIDA de la UNR y presidente honoraria de la Asociación de Reducción de Daños, Silvia Inchaurraga, visitó el pasado martes 9 los estudios de La Marca de la Almohada para conversar sobre esta nueva normativa en la que se encuentran trabajando las diversas organizaciones y para pensar la despenalización como una estrategia para enfrentar el narcotráfico.
La especialista contó que el reclamo por una reforma en la política de drogas lleva más de 20 años y que “el eje pasa por contar con una nueva ley que acompañe a los usuarios de drogas en los casos que necesiten asistencia y para eso es necesario dejarlos de perseguir, en primer lugar, y de castigar”. Además, destacó fundamental tratar una nueva normativa que “garantice derechos”. Y explicó que, en ese sentido, “la penalización de la tenencia para consumo personal podría decirse que hoy es anacrónica”.
En relación a la situación de violencia que se vive en Rosario, expresó: “En tiempos de muerte asociado a la inseguridad, a la inseguridad, al delito, a la clandestinidad no podemos seguir insistiendo con la mano dura, con el abordaje punitivo del Estado para con las víctimas de todo este escenario de vulnerabilidad y de falta de presencia del Estado con el acompañamiento”. Por eso, enfatizó que “lo que necesitamos es un Estado presente con políticas de cuidado y no seguir abonando la corrupción o esta falsa respuesta de la sociedad que busca resolver problemas sociales con políticas punitivas”.
Por otro lado, sobre la reducción de daños, señaló: “Es la gran deuda de la sociedad argentina poder tener una política con acompañamiento para que aquél que no puede o no quiere dejar de consumir, si las consume no se muera”. Y a la hora de pensar la despenalización como una estratégica para enfrentar el narcotráfico, indicó que “para que el negocio dejara de ser rentable habría que apuntar a una política de reducción estatal”.
En esa línea y a modo de ejemplo, Inchaurraga comentó: “En los años 90 nadie investigaba qué cantidad de gente se estaba inyectando cocaína y cuando lo investigamos desde la Universidad Nacional de Rosario junto al Estudio multicéntrico de la Organización Mundial de la Salud, encontramos que la mitad de las personas que se estaban inyectando tenían VIH SIDA. Entonces, eso impulsó y puso un carácter de urgencia el poder avanzar con programas de reducción de daños”.
“Pero el Estado eso no lo quería saber y no lo buscó como política oficial”, aseguró la directora de del Centro de Estudios Avanzados Drogodependencias y SIDA de la UNR. Y agregó que “hoy vemos que sobran observatorios y propuestas pero que en realidad no hay una investigación seria ni investigaciones actualizadas; y que cuando se han hecho, han tenido un montón de restricciones en los resultados”.
Además, informó que actualmente poseen relevamientos en base a las intervenciones que realizan en conjunto entre la sociedad civil, el Centro de Drogodependencias de la UNR y de la Asociación de Reducción de daños de Argentina, con quienes llevan adelante un programa de Reducción de daños en fiestas, “para advertir sobre riesgos de combinatoria, distribuyendo folletos, preservativos”. “Lo que vemos es que hay una avidez y una necesidad de información y que seguimos cubriendo un agujero de algo que lamentablemente el Estado no hace”, expresó la psicóloga.
