Milton Urrutia, primer abogado de las víctimas del cura Justo José Ilarraz dialogó con Apuntes y Resumen y calificó la sentencia como “lamentable”. “Ahora este señor estará nuevamente en la sociedad en relación con niños cuando es un violador”, dijo.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó un fallo del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos y dispuso el sobreseimiento por prescripción de la acción penal contra un ex sacerdote acusado de cometer abusos sexuales de seminaristas menores de edad hace más de 30 años en la ciudad de Paraná.
El Máximo Tribunal destacó que toda “flexibilización” del principio de legalidad en materia penal para determinar la imprescriptibilidad de un delito por analogía (asimilándola a los delitos de lesa humanidad) es contraria a los artículos 18, 27 y 75 inciso 22 de la Constitución Nacional.
Para el letrado “era previsible el fallo de la Corte Suprema, ya lo habíamos advertido que litigábamos en contra de la prescripción”.
Según su opinión “este tipo de delitos no prescriben por resoluciones de distintos tratados de Derechos Humanos, algo que pasa ya en Brasil, por ejemplo”.
En este caso la Corte Suprema “se tomó 14 años para decir que estaba prescripto, estas cosas son las que decepcionan sobre estos señores”, dijo Urrutia para quien esta situación “debería haber estado resuelta en 2012”.
“Como abogado estoy cada vez más alejado de mi profesión por estas situaciones, existe una inseguridad jurídica tremenda y es evidente que se necesita una reforma judicial urgente”.
Al mismo tiempo señala que a pesar de que “el fallo de la Corte Suprema es lamentable, hay que respetarlo” e insiste que “las victimas necesitan una reparación desde el Estado contra quienes cometen estos delitos”.
Urrutia detalla que “el Papa Francisco lo excluyó a Justo José Ilarraz del Orden Sacerdotal, algo que no se habían atrevido ni Juan Pablo II o Benedicto XVI”.
“Ahora este señor estará nuevamente en la sociedad en relación con niños cuando es un violador”, dijo con preocupación antes de insistir con que Argentina “necesita un debate profundo del sistema judicial”.