Tras la sesión del Concejo que terminó este martes a la madrugada, el edil peronista cuestionó la tasa vial para cubrir arreglo de calles, la autorización para extender la potestad delegada al Ejecutivo de fijar el precio del boleto cada dos meses en modo automático y el aumento mensual de la TGI ajustada por inflación

En la reciente sesión del cuerpo deliberante de Rosario que comenzó pasado el mediodía de este lunes y se extendió hasta las 4 del día siguiente, terminó aprobado por unanimidad el presupuesto para 2024, con recursos previstos de 381.035 millones de pesos y gastos de 380.854,5 millones. El oficialismo local impuso su mayoría para prorrogar la delegación de facultades por las que el Ejecutivo podrá aumentar automáticamente la tarifa del transporte urbano de pasajeros de manera bimestral –en enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre– de acuerdo a la inflación.

También, salió la Ordenanza General Impositiva (OGI), aprobada en general por unanimidad pero con dos ítems de conflicto.

Uno de ellos, contemplado en los artículos 8, 9, 1, 39 y 40, se refiere a la llamada tasa vial, una sobrecarga en el precio de los combustibles que se venden en la ciudad para solbventar mantenimiento de calles. Los bloques de Ciudad Futura, Justicialista, Iniciativa Popular y Vida y Libertad rechazaron esos apartados.

El otro punto de desacuerdo con la oposición fue el artículo 1º de la OGI, que modifica la actualización de la Tasa General de Inmuebles (TGI) para que pase a ser mensual y atada al índice de precios al consumidor (IPC).

Romero, joven abogado y militante del Movimiento Evita, consideró un perjuicio para el ciudadano el cambio de base para el ajuste de la TGI, que hasta ahora estaba atado a la paritaria de los recolectores de residuos.

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El Concejal objetó además la delegación de facultades en el Ejecutivo para el aumento de forma automática del boleto. Explicó que es por 24 meses, porque a los iniciales 12 meses se agrega una prórroga por otro período igual. Y refirió con abstracta una limitación: que esa facultad, antes ejercida por el Concejo, se conceda siempre que la inflación supere el 40% interanual al momento de cada aumento automático. Ese supuesto condicionamiento, señaló, está por debajo de cualquier proyección de precios.

Romero opinó que, junto a otras decisiones y propuestas del Ejecutivo, se enmarcan en la voluntad de descargar el costo del ajuste local, y del que el municipio deba hacer como consecuencia de las medidas nacionales, directamente en los rosarinos y rosarinas,

Respecto de la mecánica de suba del boleto, adelantó que producirá una nueba baja de pasajeros y así, la profundización de la crisis del sistema. Sumado a que la tasa vial le encarece los costos complicándolo aún más.

Respecto a ese recargo, que rige para las estaciones de servicio rosarinas –actuarán como agentes de retención–, calificó como llamativo el destino de su recaudación. El arreglo y bacheo de calles tiene históricamente otras vías de financiamiento dentro del presupuesto, recordó. Los nuevos fondos obtenidos de los aumentos de tasas,  completó, no serán destinados a obras nuevas sino a obligaciones del Ejecutivo cuyo financiamiento debería ser por otro camino.

Ya en referencia a lo que sucedió en la sesión, el edil peronista cuestionó el manejo político de Javkin en el Concejo. “No apela a consensos, a buscar fórmulas alternativas, a la construcción de soluciones creativas en conjunto” para gobernar en el escenario de las fuertes decisiones de un Gobierno nacional del cual, además, interpretó Romero, forma parte porque la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fue su precandidata presidencial dentro de Juntos por el Cambio.

“Se apoya en su mayoría automática de 15 miembros en el Palacio Vasallo”, objeto Romero sobre la impronta del radical para discutir las ordenanzas.

“Lo que pasó en el Concejo es grave y se va a sentir a corto plazo en el bolsillo de los rosarinos y en el sistema de transporte público que, por este rumbo, va camino a la destrucción”, resumió el concejal peronista.