El Decreto 1083/24 eliminó, además, la suspensión de los desalojos de las comunidades indígenas que ocupan territorios ancestrales. Al menos, 254 causas judiciales podrían reactivarse con esta medida. Tiempo conversó con referentes de comunidades originarias acerca del impacto de la norma

El Gobierno Nacional oficializó la derogación de la Ley Nº 26.160, que establecía la emergencia territorial indígena, a través del Decreto 1083/2024. La medida, que cuenta con la firma del presidente Javier Milei y varios de sus ministros, pone fin a una normativa que durante 18 años suspendió desalojos sobre territorios en conflicto con comunidades indígenas y garantizaba la realización de relevamientos territoriales. Esta decisión reactivará al menos 254 causas judiciales por desalojo en todo el país, generando un escenario de alta tensión con las comunidades originarias.

En diálogo con La Marca de la Almohada, Margarita Peñailillo, Iman Longko de la Comunidad Pillan Pullum We Eglentina Machado de La Pampa y referente del Movimiento de Naciones y Pueblos Originarios en Lucha, calificó la medida como “un acto exterminador” y acusó al gobierno de avanzar sobre los derechos adquiridos. “Este gobierno conservador, fascista, exterminador, busca fechas específicas para anunciar modificaciones que pasan por encima de todos los derechos de la sociedad”, sostuvo.

La derogación no solo liquida la protección contra desalojos, sino que también deja sin efecto el relevamiento territorial indígena que debía extenderse hasta noviembre de 2025. “Con este decreto se liquida la emergencia territorial indígena, que prohíbe los desalojos de las comunidades y para las causas en conflicto con diferentes pueblos indígenas”, explicó Peñailillo.

Desde el Ejecutivo, justificaron la derogación argumentando que la ley suspendía actividades productivas y recreativas sobre las tierras involucradas, afectando derechos de disposición. Sin embargo, desde las comunidades indígenas advierten que la medida habilita a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a implementar desalojos con procedimientos que temen sean violentos.

“Este decreto le da vía libre a Patricia Bullrich para comenzar con desalojos del modo que ya conocemos”, afirmó Peñailillo, en referencia a operativos anteriores que incluyeron represión y violencia contra comunidades originarias en la Patagonia y el norte del país.

Según el decreto, el relevamiento territorial realizado bajo la ley derogada habría sido insuficiente, dejando a muchas comunidades sin reconocimiento oficial de sus tierras ancestrales. Esto, aseguran desde el Movimiento de Naciones y Pueblos Originarios en Lucha, deja a las comunidades en una situación de alta vulnerabilidad.

Para las comunidades indígenas, la derogación de la ley representa un punto de inflexión en la lucha por sus derechos territoriales. “No les importa nada, vienen por todo”, denunció Peñailillo, quien adelantó que buscarán articular acciones con referentes y comunidades de todo el país para frenar la avanzada del gobierno.

“Desde nuestro lugar hemos tratado de buscar respuestas en todos lados. Hemos hecho conferencias de prensa, reuniones con diferentes referentes y ahora vamos a coordinar acciones para ponerle freno a esto”, señaló.

En el norte y la Patagonia ya se han registrado desalojos, incluso antes de la derogación oficial de la norma. Las organizaciones indígenas temen que estos episodios se multipliquen en los próximos meses, profundizando un conflicto histórico que amenaza con escalar a niveles críticos.

La Ley Nº 26.160, sancionada en 2006, fue considerada un pilar fundamental para la defensa de los derechos de los pueblos originarios. En sus años de vigencia, permitió frenar desalojos en cientos de comunidades y avanzar en relevamientos territoriales que aún están inconclusos. Su derogación implica un retroceso en la agenda de derechos indígenas, lo que, según las comunidades, evidencia el desinterés del actual gobierno en protegerlos.

“Este decreto no es solo un ataque a las comunidades indígenas; es un ataque a los derechos humanos básicos. Representa un retroceso en todo lo que hemos avanzado durante años de lucha”, concluyó Peñailillo.