La decisión de la jueza Loretta Preska desató un fuerte cimbronazo político y económico. Se trata del resultado de una larga disputa judicial originada en la estatización de YPF en 2012, impulsada por el entonces ministro de Economía Axel Kicillof bajo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner

En un nuevo capítulo del denominado “juicio del siglo”, la jueza Loretta Preska del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York ordenó al Estado argentino transferir el 51% de las acciones Clase D de YPF al fondo Burford Capital, en concepto de pago por la sentencia de u$s16.099 millones que pesa sobre el país. Se trata del resultado de una larga disputa judicial originada en la estatización de YPF en 2012, impulsada por el entonces ministro de Economía Axel Kicillof bajo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

La decisión judicial impactó de inmediato en los mercados: las acciones de YPF cayeron un 5,64% en Wall Street, mientras que el S&P Merval descendió un 5% en la Bolsa porteña. A modo de reacción, el presidente Javier Milei utilizó sus redes sociales para responsabilizar a Kicillof y anunció que el fallo será apelado en todas las instancias posibles para “defender los intereses nacionales”.

El documento de 33 páginas, difundido inicialmente por el analista Sebastián Maril y luego confirmado por medios especializados, aclara que YPF como empresa no forma parte del proceso judicial ni tiene abogados en el litigio. La defensa del Estado argentino recae en la Procuración del Tesoro, actualmente a cargo de Santiago María Castro Videla.

El reclamo de Burford Capital se basa en el artículo 7° del estatuto de YPF, que exige una oferta pública de adquisición a todos los accionistas si se toma el control mayoritario de la compañía. Según el fondo, ese procedimiento no se cumplió correctamente durante la nacionalización en 2012, cuando el Estado adquirió el 51% de las acciones a la española Repsol. Además, el fondo reclama daños por la decisión de suspender el giro de dividendos, medida que afectó al Grupo Petersen, entonces accionista minoritario.

La jueza Preska exige que se transfiera la totalidad de las acciones Clase D que el Estado controla —el 51% de YPF— dentro de un plazo de 14 días. No obstante, para que eso se materialice, sería necesaria la aprobación de una ley del Congreso argentino, ya que la reestatización de la petrolera se realizó a través de una norma específica votada por amplia mayoría parlamentaria en 2012.

Desde la oposición y los sectores políticos cercanos a la ex presidenta Fernández de Kirchner se advirtió que esta medida constituye una nueva ofensiva de los fondos buitre y se alertó sobre el precedente peligroso que sienta este tipo de fallos en jurisdicciones extranjeras contra decisiones soberanas.

Desde Washington, el propio Departamento de Justicia estadounidense ya se había manifestado en contra de algunos pedidos de Burford, al considerar que podrían violar los principios de inmunidad soberana y sentar una jurisprudencia internacional indeseable.

En paralelo, Preska también falló a favor del fondo Bainbridge —relacionado con tenedores de deuda argentina que no ingresaron a los canjes tras el default del 2001—, y también ordenó la entrega de acciones de YPF como forma de resarcimiento.

Según fuentes cercanas al proceso, la intención de la magistrada sería abrir una etapa de negociación directa con el Estado argentino, ante la falta de respuestas del Ejecutivo nacional desde que se conoció la sentencia en primera instancia en 2023.

El paquete accionario en disputa está conformado por las acciones Clase D, las cuales pertenecen mayoritariamente al Estado argentino (51%), mientras que el 49% restante está en manos del mercado. Este grupo accionario no incluye ni a las provincias ni a los empleados de la compañía, que tienen acciones de Clase B y C, respectivamente.