La psicóloga Natalia Amatiello, integrante de la Asociación de Altos Estudios en Violencias y Abusos Sexuales, analizó el impacto institucional y social del caso que involucra a Carolina Losada y Mariano Cúneo Libarona, alertando sobre las graves consecuencias que podría generar el proyecto de ley para agravar penas por falsas denuncias
En el marco de una denuncia penal que apunta a la senadora Carolina Losada y al ministro Mariano Cúneo Libarona por encubrimiento agravado, torturas y tratos crueles, Natalia Amatiello, psicóloga y denunciante, ofreció un análisis profundo sobre las implicancias del caso. En diálogo con La Marca de la Almohada, la experta abordó las repercusiones sociales y jurídicas del proyecto legislativo impulsado por Losada, señalando que representa un retroceso en los derechos de las víctimas de violencia de género y abuso sexual.
Amatiello subrayó el contexto del caso, en el que una joven de 18 años fue públicamente expuesta en el Senado de la Nación para retractarse de una denuncia por abuso, en contradicción con los dictámenes judiciales que validaron el daño sufrido. “El nivel de fragilidad de la joven estaba claramente documentado en la sentencia judicial. Obligarla a una retractación en un acto público no solo es inhumano, sino que muestra un desconocimiento grave del impacto psicológico de estas situaciones”, afirmó.
Desde una perspectiva profesional, Amatiello destacó que la exposición mediática de una víctima vulnera principios fundamentales de su recuperación y puede generar un trauma adicional. “Los procesos de denuncia son ya de por sí difíciles para las víctimas, y la exposición pública en un marco hostil solo agrava el daño. Este caso envía un mensaje peligroso a quienes necesitan justicia: que denunciar puede volverse contra ellas mismas”, analizó.
En ese sentido, también puso el foco en la intención del proyecto legislativo presentado por Losada, que busca endurecer las penas para las supuestas falsas denuncias, duplicándolas cuando están vinculadas a cuestiones de género. Para Amatiello, esta propuesta podría desincentivar las denuncias legítimas. “Si hoy las víctimas enfrentan barreras sociales, familiares e institucionales para denunciar, ¿qué podemos esperar con una ley que pone la carga de la prueba sobre sus hombros y las amenaza con represalias si no logran sostener una causa?”, cuestionó.
El problema central, según la psicóloga, radica en cómo se perciben y abordan las denuncias de violencia de género. “Plantear que una denuncia pueda ser calificada como falsa sin un análisis exhaustivo es un peligroso acto de revictimización. En muchos casos, las víctimas tardan años en comprender y verbalizar lo que vivieron, y cuando finalmente lo hacen, enfrentan un sistema que las cuestiona”, explicó.
Amatiello también destacó la gravedad institucional del uso de este caso como ejemplo en un ámbito legislativo, señalando que se trata de una interferencia indebida en un proceso judicial en curso. “La intención de influir en la condena del abusador a través de este acto político es inaceptable. Es una ruptura de los límites entre los poderes del Estado y una falta grave a los derechos de las víctimas”, afirmó con contundencia.
La especialista advirtió que este tipo de proyectos no solo afecta a las víctimas, sino también a los profesionales que las acompañan. “Esta iniciativa podría extenderse a penalizar a quienes apoyan a las víctimas, desde psicólogos hasta abogados y trabajadores sociales. Esto no solo es una afrenta a la justicia, sino también al ejercicio profesional de quienes se dedican a proteger los derechos humanos”, sostuvo.
Amatiello instó a reflexionar sobre el mensaje que se transmite desde las instituciones políticas. “Cuando una senadora y un ministro utilizan su poder para desacreditar a las víctimas y justificar un proyecto que pone en duda todas las denuncias, están atacando los cimientos de una lucha social que ha costado décadas construir. Este tipo de discursos normalizan la violencia y perpetúan el silencio”, sentenció.
El caso tiene un trasfondo de profunda preocupación por parte de organizaciones de derechos humanos y feministas. La Asociación de Altos Estudios en Violencias y Abusos Sexuales, junto a otros actores, ha señalado que iniciativas como esta minan la confianza en el sistema judicial y dificultan el acceso a la justicia.
Amatiello insistió en que el sistema judicial necesita fortalecer los mecanismos de protección para las víctimas y no añadir nuevas barreras. “En lugar de promulgar leyes que desmotiven las denuncias, necesitamos políticas públicas que garanticen procesos seguros y respetuosos para las víctimas”, concluyó.
