El intendente de Rosario intervino los corralones municipales tras detectar irregularidades en la compactación y comercialización de vehículos de alta gama. La denuncia incluye posibles delitos como falsificación de documentos y asociación ilícita. La fiscal Guillermina Aiello ya investiga el caso

El intendente de Rosario, Pablo Javkin, anunció este jueves la intervención de los corralones municipales tras descubrir una red ilegal que comercializaba vehículos destinados a compactación. El caso, que involucra autos de alta gama, salió a la luz luego de una investigación liderada por la agencia antilavado municipal. “Hacían figurar como compactados vehículos que en realidad eran vendidos”, denunció Javkin. La maniobra implicaba liberar vehículos de multas y adulterar documentación.

Javkin detalló que las irregularidades salieron a la luz gracias a un decreto firmado en agosto, que facultaba a la agencia antilavado a auditar los vehículos remitidos al corralón. La revisión permitió detectar vehículos de alta gama como una Toyota Hilux 2017 y un Renault Sandero 2019, que no habían sido reclamados. “Nos llamó la atención que estos autos de gran valor estuvieran en listas de compactación. Eso nos permitió empezar a tirar del hilo”, explicó.

El caso tomó un giro decisivo en septiembre, cuando una denuncia reveló que un Chevrolet Cruze había sido vendido sin ser entregado al comprador. Una gestora informó que varias personas participaban en un esquema de comercialización de vehículos, los cuales eran declarados como compactados pero vendidos tras la adulteración de sus papeles.

El miércoles pasado, el municipio intervino sorpresivamente el Corralón Oeste y el Corralón Moreno. Durante el operativo, se hallaron un auto y cuatro motos de alta cilindrada que en el sistema figuraban como compactados pero permanecían en el lugar. También se detectaron 69 inconsistencias entre vehículos registrados y presentes en los corralones.

“La investigación nos llevó a separar a los involucrados, entre ellos un ex juez de faltas y director de tránsito, Henry Fabro. Además, radicamos la denuncia penal para que se investigue por delitos como falsificación de documentos, defraudaciones y asociación ilícita”, afirmó el intendente.

Javkin enfatizó que este es un ejemplo del compromiso del municipio con la transparencia: “Creamos la agencia antilavado precisamente para combatir estas prácticas. Esto surge porque investigamos y porque tenemos la decisión política de afrontar cualquier nicho de corrupción”.

La fiscal Guillermina Aiello ya se encuentra al frente de la investigación penal. Según el expediente, los delitos implican un menoscabo al erario público y la posible participación de agentes estatales en actividades ilícitas.

El escándalo pone en evidencia las fallas en la gestión y supervisión de los corralones municipales, lugares destinados a almacenar vehículos retenidos por infracciones. Según las denuncias, el esquema no solo perjudicó a compradores, sino también al patrimonio público, ya que los vehículos declarados como compactados debían generar ingresos o ser reciclados.

La intervención de los corralones también marca un precedente en el manejo de vehículos de alta gama confiscados en Rosario. Desde la implementación del decreto en agosto, la revisión más estricta permitió robustecer las investigaciones judiciales y arrojar luz sobre prácticas corruptas que podrían haber pasado desapercibidas.

Por su parte, Javkin reiteró que su administración no tolerará la corrupción: “Vamos a ir hasta el final, separar y expulsar a cualquier responsable”. Además, aseguró que la dependencia del corralón ahora estará bajo el control de la Secretaría de Control Municipal para evitar futuras irregularidades.