Dra. Rita Grandinetti
Profesora Titular – FCPOLIT – UNR

El 2024 será recordado como un año en el que se pusieron en crisis, como nunca antes, las nociones fundamentales de sociedad, Estado y políticas públicas. Las reglas, los sentidos y los modelos que históricamente definieron nuestras finalidades compartidas como sociedad han sido cuestionados. Esta tensión afecta los pilares mismos de nuestra democracia. No se trata solo de una revisión técnica o administrativa, sino del planteo de una transformación radical en la relación entre el Estado y la sociedad. Un cambio que, amplificado por las redes sociales y sus algoritmos, ha adquirido un papel central en el debate público.

Este escenario nos impone nuevas preguntas, muchas de ellas desconcertantes, y nos enfrenta a una insoslayable necesidad de repensar cuestiones que creíamos resueltas. Este año ha tenido la capacidad de desafiar los marcos preestablecidos y las nociones institucionalizadas que considerábamos acuerdos democráticos básicos.

Este cuestionamiento opera en múltiples planos temporales que tienden a confundirse, exigiendo un esfuerzo conceptual para separar y analizar las distintas dimensiones en juego: el pasado, el presente y los futuros posibles. A su vez, la superposición de narrativas y praxis, combinada con la simultaneidad de discusiones, genera un fenómeno de alta complejidad que dificulta su comprensión en todas sus connotaciones y consecuencias prácticas.

Las preguntas que surgen de esta situación son como una maraña de hilos enredados: cada intento por desentrañarlas parece tensar más el conjunto. Este enredo puede inmovilizarnos, atrapándonos en un ciclo de cuestionamientos sucesivos. Sin embargo, desandar este ovillo mediante un análisis temporal puede ofrecer un camino para estructurar nuestras reflexiones.

Revisando el pasado

La perspectiva temporal nos permite revisar la relación histórica entre sociedad y Estado. ¿Cómo era esta relación en el pasado reciente? ¿Qué derechos garantizaba efectivamente el Estado, y con qué alcance? ¿Qué tan inclusivas y universales eran sus prácticas? ¿Cómo percibía la ciudadanía la transparencia, la integridad de los funcionarios y la capacidad estatal para adaptarse a las demandas de los sujetos del siglo XXI, más diversos, individualistas e inciertos?

¿Qué capacidades de estar a tono con estas nuevas demandas demostraba, qué agilidad en sus producciones, qué capacidad de innovación para dar con respuestas acordes? ¿Y qué producción de inteligencia para lidiar con tiempos tremendamente desafiantes? Nos referimos aquí a inteligencia que capitalice y combine inteligencia social, inteligencia organizacional e inteligencia tecnológica.

Estas preguntas son cruciales no solo para comprender la insatisfacción ciudadana que ha alimentado el apoyo a propuestas de “destrucción” del Estado, sino también para reflexionar sobre modelos alternativos que refuercen la democracia, la calidad de vida y el desarrollo social.

El presente en tensión

Avanzando hacia el presente, surge un nuevo conjunto de interrogantes: ¿De qué se ha retirado efectivamente el Estado en 2024? ¿Qué servicios se han reducido o eliminado? ¿Qué áreas han sido fortalecidas, si es que las hay? A lo largo del período es posible señalar una distancia entre el énfasis discursivo en la destrucción del estado y las acciones reales llevadas a cabo ene se sentido,  sin embargo, la destrucción del estado como finalidad de la acción a largo plazo está siendo sostenida por acciones de corto que van en ese sentido; este primer año ha estado marcado por una fuerte reducción de ministerios y secretarías, ajustes fiscales significativos en educación y subsidios, y una casi total paralización de la obra pública.

Simultáneamente, se ha impulsado la privatización de empresas públicas y el cierre de organismos estatales, afectando políticas clave como la urbanización de barrios populares. Un ejemplo destacado es la reducción drástica de recursos para el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), que había logrado consolidarse como una política transversal entre gobiernos de distintos signos políticos. Este ajuste también ha golpeado áreas como la ciencia y la tecnología, así como a las universidades públicas.

Paralelamente, se han implementado reformas que incluyen la simplificación administrativa y el control del personal público, acompañadas de una política represiva hacia las manifestaciones sociales, mediante el protocolo antipiquetes y un refuerzo de recursos para las fuerzas de seguridad. Estas acciones buscan consolidar dos objetivos principales: el ajuste fiscal y la reducción del ámbito de actuación estatal, mientras se amplía el campo para la iniciativa privada.

Proyectando el futuro

Frente a este panorama, surge un tercer hilo de reflexión: ¿De qué debería ocuparse el Estado hoy? ¿Cómo debería ser el reparto de responsabilidades entre el Estado y la sociedad? ¿Qué derechos básicos puede y debe garantizar un Estado como el argentino en sus distintos niveles de gobierno?

Para responder a estas preguntas, necesitamos imaginar nuevos modelos que permitan al Estado desarrollar capacidades innovadoras, ágiles y tecnológicamente avanzadas, orientadas a satisfacer las expectativas ciudadanas y afrontar los desafíos del siglo XXI.

Estas no son las únicas preguntas, pero sí algunas fundamentales para construir una visión compartida de futuro. Como sociedad, estamos llamados a reinventar un Estado que nos permita ser una comunidad democrática, inclusiva e innovadora, capaz de proyectarse con un horizonte claro en el siglo XXI.