El Gobierno oficializó la disolución de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), reemplazándola por la nueva Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). La medida, anunciada por Manuel Adorni, implica el despido de más de 3.100 empleados y una reducción del 34% en la estructura del organismo, con el objetivo de reducir costos y eliminar la burocracia

El anuncio de la disolución de la AFIP fue hecho en el marco de las reformas que el Gobierno lleva adelante para reducir el tamaño del Estado. Manuel Adorni, vocero del Ejecutivo, explicó que la creación de ARCA buscará optimizar la recaudación fiscal y el control aduanero, con menos costos y una estructura más eficiente. El impacto inmediato será la reducción del 15% del personal de la AFIP, lo que significará el despido de 3.155 empleados.

Durante la conferencia, Adorni señaló que estos recortes son necesarios para eliminar la “burocracia innecesaria” que, según él, ha frenado la libertad económica en el país. “Es imprescindible desmantelar las estructuras que no solo resultan costosas, sino también ineficaces en la administración pública”, comentó, justificando el ajuste en un ahorro de 6.400 millones de pesos anuales.

El cambio estructural incluirá la desaparición de la Cuenta de Jerarquización, un beneficio que otorgaba altos salarios a los funcionarios de mayor rango dentro de la AFIP. Con esta medida, el sueldo de la titular de ARCA se reducirá a 4 millones de pesos mensuales, en línea con lo que perciben los ministros del gabinete. Esta nueva agencia también afectará a los directores de la Dirección General Impositiva (DGI) y la Dirección General de Aduanas (DGA), quienes verán sus sueldos equiparados con los de otros altos funcionarios públicos.

Florencia Misrahi fue designada para liderar ARCA, mientras que Andrés Gerardo Vázquez y José Andrés Velis asumirán como directores de la DGI y la DGA, respectivamente. Juntos tendrán la responsabilidad de llevar adelante la reorganización de las operaciones fiscales y aduaneras en el país.

Sin embargo, expertos y gremios advirtieron que la disolución de la AFIP no implicará cambios directos en la vida de los contribuyentes ni en la simplificación de trámites. De hecho, varios señalaron que los controles impositivos seguirán igual, y no se eliminarán impuestos ni se reducirá la carga fiscal, como se esperaba en algunos sectores. La transición hacia ARCA podría generar demoras administrativas y conflictos gremiales debido a los despidos masivos.

En este sentido, los gremios ya adelantaron que se opondrán a los despidos y planean llevar a cabo medidas de fuerza. La judicialización del conflicto también es una posibilidad, lo que podría complicar aún más el panorama laboral y administrativo en el organismo recaudador.

La disolución de la AFIP tampoco trae aparejada una mejora en los procesos administrativos. A pesar de la reducción del 30% en la estructura, no se anunció inversión adicional en tecnología, lo que es esencial para mejorar los controles impositivos y facilitar la tarea de los contribuyentes. “No hay conector directo entre menos estructura y mayor eficiencia si no se modernizan los sistemas”, advirtió un analista fiscal. Además, el cambio de esquema podría complicar el seguimiento de los grandes contribuyentes, que generan la mayor parte de la recaudación.

Una de las principales consecuencias de la medida fue poner en evidencia los altos salarios en los entes autárquicos y descentralizados como la AFIP. La eliminación de la Cuenta de Jerarquización destapó sueldos que, en algunos casos, superaban los de ministros y secretarios de Estado.

Con la disolución de la AFIP, el Gobierno busca no “reducir el gasto público”, como también “corregir estas distorsiones salariales”, aunque todavía no está claro si los sueldos de los empleados bajo convenio serán afectados por los ajustes.

Una de las incógnitas que persisten es el destino de los trabajadores de la Dirección Previsional de la AFIP, que supervisaba los aportes jubilatorios y el control del empleo registrado. Aunque no se ha dado una respuesta concreta, es posible que estas funciones sean absorbidas por la DGI o transferidas a otro organismo del Estado.

Con esta medida, el Gobierno pretende mostrar que el achique de estructuras y la eliminación de cargos innecesarios mejorarán la eficiencia del aparato estatal. Sin embargo, la reducción del personal y la centralización de funciones no garantizan una mejor recaudación fiscal ni mayor control aduanero. Lo que sí es seguro es que la decisión de disolver la AFIP le permitirá al Ejecutivo tener mayor control sobre la Aduana, un área que ha estado en el centro de denuncias de corrupción y coimas en el pasado.