El secretario general de Judiciales Santa Fe, Juan Pablo Langella, expresó su malestar por la demora en los nombramientos y ascensos en el Poder Judicial de la provincia. Asimismo, denunció que el gobierno provincial ignora las obligaciones constitucionales, lo que afecta a cientos de trabajadores y genera un grave deterioro en el sistema judicial

El pasado miércoles, trabajadores judiciales de toda la provincia de Santa Fe realizaron asambleas multitudinarias para denunciar las dificultades que atraviesan, agravadas por la reciente reforma previsional y la falta de nombramientos en los tribunales. Según un informe emitido por la Cámara Civil y Comercial de Rosario, muchos cargos de jueces y funcionarios han estado vacantes durante años, con algunos casos alcanzando más de 1.600 días sin ser cubiertos, lo que ha paralizado el funcionamiento de varios fueros clave.

En este contexto, Juan Pablo Langella, secretario general de Judiciales Santa Fe, afirmó en diálogo con La Marca de la Almohada que las reivindicaciones del gremio están vinculadas a lo que consideran una “actitud agresiva” por parte del Poder Ejecutivo provincial. “Somos un gremio de representación provincial, hubo asambleas en diferentes ciudades de Santa Fe. Nuestras reivindicaciones están vinculadas a una actitud agresiva de parte del Poder Ejecutivo provincial al Poder Judicial”, señaló, quien criticó al gobierno por ignorar los reclamos de los empleados judiciales.

El principal conflicto radica en la demora en los nombramientos, una situación que, según Langella, afecta directamente a la calidad de la justicia en la provincia. “Desde octubre de 2023, el gobernador Maximiliano Pullaro hace caso omiso a la obligación legal”, afirmó el dirigente sindical, refiriéndose a la falta de designaciones de personal y la cobertura de vacantes que ya cuentan con candidatos que rindieron examen y obtuvieron su cargo. Según Langella, esta demora afecta a unos 500 puestos directos e indirectos.

Las vacantes prolongadas y los concursos que no han sido completados han generado un grave deterioro en el funcionamiento del Poder Judicial. Según el informe de la Cámara Civil y Comercial de Rosario, cargos de primera y segunda instancia han permanecido sin cubrir durante más de 1.000 días, afectando la resolución de casos y provocando un retraso en los trámites judiciales. La sanción de la ley previsional ha empeorado la situación, ya que ha impulsado la salida de más magistrados y funcionarios que no han sido reemplazados.

A pesar de la gravedad de la situación, Langella señaló que el diálogo con el gobierno provincial ha sido infructuoso. “Tuvimos conversaciones formales e informales con diferentes funcionarios del gobierno provincial, presentamos por escrito nuestro reclamo”, explicó. Sin embargo, hasta el momento, las autoridades no han dado una respuesta concreta a las demandas de los judiciales, lo que ha generado una creciente frustración en el gremio.

Uno de los puntos más críticos es la situación de los empleados que, tras haber rendido exámenes y obtenido sus cargos, aún no han sido nombrados formalmente. “Nos sentimos agraviados, hay compañeros que rindieron su ingreso hace tres años y el gobernador no los nombra”, denunció Langella, quien subrayó que algunos de estos trabajadores incluso han tenido que volver a rendir exámenes para ingresar a Tribunales, sin que se tenga en cuenta su esfuerzo previo.

La situación también afecta a quienes están a la espera de su jubilación. Según Langella, algunos trabajadores judiciales han tenido que esperar meses para cobrar sus jubilaciones debido a las demoras en los trámites. “Estas demoras derivaron en que algunos compañeros estuvieron dos meses sin cobrar sus jubilaciones”, reveló el dirigente, quien calificó la situación como inaceptable.

El conflicto entre el Poder Judicial y el gobierno de Santa Fe también puso en relieve una serie de deficiencias en la gestión de recursos humanos dentro del sistema judicial. Los judiciales señalaron que la falta de personal no solo afecta a jueces y funcionarios, sino también a los empleados de menor rango, quienes enfrentan una sobrecarga de trabajo debido a la falta de nombramientos.

Las asambleas de los trabajadores judiciales, que se realizaron en distintas ciudades de la provincia, mostraron un descontento generalizado entre los empleados del sector. El descontento entre los judiciales no se limita a empleados rasos, sino que también incluye a camaristas y jueces que ven con preocupación el estancamiento en los nombramientos y la falta de avances en los concursos pendientes.

Por último, Langella advirtió que, de no resolverse el conflicto, la crisis del Poder Judicial continuará agravándose, afectando tanto a los trabajadores como a los ciudadanos que dependen del sistema de justicia. “No se considera a aquellas personas que tienen que atravesar todo esto”.