El rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), celebró la aprobación de la ley que blinda el presupuesto universitario, la cual obtuvo una amplia mayoría en el Senado, con más del 80% de votos a favor. Aunque el gobierno nacional expresó la posibilidad de vetarla, Bartolacci resaltó que la medida es fundamental para garantizar salarios dignos y la estabilidad económica de las universidades

Franco Bartolacci destacó la importancia de la reciente sanción de la ley de financiamiento universitario, la cual fue aprobada en el Senado con 57 votos afirmativos, 10 negativos y una abstención. El rector de la UNR, en diálogo con La Marca de la Almohada, afirmó que este proyecto es crucial para resolver los problemas salariales y financieros que afectan a las universidades desde principios de año. “Es una gran noticia no solo porque se aprueba una ley que resuelve problemas, sino porque se hizo de manera holgada con más del 80% de los senadores, algo similar ocurrió en Diputados”, manifestó.

El proyecto, que garantiza el incremento presupuestario a las universidades nacionales, es motivo de controversia, ya que el gobierno nacional, a través del presidente, Javier Milei, adelantó que podría vetar la ley argumentando que pone en riesgo el equilibrio fiscal. Sin embargo, Bartolacci sostuvo que la ley no compromete las finanzas públicas. “Resuelve los problemas sin comprometer las arcas del Estado, es solo el 0,14 por ciento del PBI lo que se destina”, explicó, destacando que esta inversión implica una mayor previsibilidad presupuestaria para las universidades, con ajustes bimestrales por inflación.

Bartolacci hizo énfasis en que la ley es fundamental para resolver la crítica situación salarial que enfrentan los docentes y no docentes de las universidades. Según señaló, la norma establece actualizaciones mensuales conforme a la inflación, lo que permitirá una recomposición salarial que busca corregir el desfasaje del 50% que se produjo en los últimos meses. “Establece un parámetro que mes a mes implica una actualización conforme a la inflación y suma una recomposición por el desfasaje”, indicó.

En cuanto a las implicancias de un eventual veto presidencial, Bartolacci fue categórico al afirmar que no hay razones financieras que justifiquen tal medida. “Si se veta la ley no es por falta de recursos, es por falta de voluntad de resolver el problema y de asignarle a las universidades lo que necesitan para poder funcionar correctamente”, sostuvo, remarcando que la educación debe ser una prioridad en cualquier contexto económico.

El rector también se refirió a las dificultades que enfrenta la UNR durante este año, marcado por la crisis económica y la inflación creciente. “Es un año muy difícil, cuesta poner en palabras la dificultad que tenemos día a día para afrontar todos los compromisos”, expresó Bartolacci, quien destacó que, pese a las adversidades, la universidad no dejó de cumplir con ninguna de sus funciones gracias a una administración responsable y una comunidad comprometida.

Uno de los puntos que Bartolacci valoró de la nueva ley es que, al garantizar el financiamiento, se elimina la discrecionalidad por parte de las autoridades de turno en la asignación de recursos. “La ley te aleja de la discrecionalidad de cualquier autoridad circunstancial”, explicó, subrayando que lo más importante es asegurar una respuesta a la situación salarial de los trabajadores universitarios, lo que permitirá retomar el ritmo académico normal. “Tenemos que retomar un vínculo diario, que los estudiantes puedan cursar y rendir, para eso se deben pagar salarios dignos a los trabajadores de la educación”, añadió.

El rector criticó con dureza la precariedad salarial que enfrentan muchos docentes universitarios, señalando que es inadmisible que quienes forman a los futuros profesionales del país perciban sueldos que los sitúan por debajo de la línea de pobreza. “Es inexplicable que un docente que forma a los futuros profesionales de la nación cobre un salario de algo más de 140 mil pesos”, señaló Bartolacci, y recordó que más del 50% de los trabajadores universitarios se encuentran en esa situación.

En su análisis, Bartolacci enfatizó la importancia de la educación y la ciencia como pilares estratégicos para el desarrollo del país, lamentando la campaña de desprestigio que algunos sectores han dirigido contra las universidades públicas. “La educación es la respuesta a todos los problemas que tenemos”, afirmó, al tiempo que criticó a aquellos que desvalorizan la importancia de la universidad pública. “Existe una distancia abismal entre quienes creemos que la educación y la ciencia son un valor estratégico para el país y quienes no creen en la universidad pública”, subrayó.

Según Bartolacci, detrás de esta campaña de desprestigio se esconde una estrategia para justificar el desfinanciamiento de las universidades, una decisión que considera poco inteligente. “Es una campaña sostenida y sistemática de desprestigio de las universidades para justificar el desfinanciamiento”, aseveró, y añadió que los países más desarrollados entienden que la inversión en ciencia y educación es clave para el crecimiento.

El proyecto aprobado por el Senado y la Cámara de Diputados obliga al Poder Ejecutivo a actualizar de forma bimestral las partidas presupuestarias destinadas a las universidades nacionales, cubriendo así los gastos de funcionamiento, investigación y extensión universitaria. Esta actualización se realizará en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC, garantizando que los fondos destinados a las universidades se ajusten de acuerdo a la inflación.

La Oficina de Presupuesto del Congreso informó que el impacto fiscal del proyecto asciende a 735.598 millones de pesos, lo que representa el 0,14% del PBI. Además, se estimó que la actualización de partidas para cubrir los gastos del 2023 es de 210.742 millones de pesos, mientras que los ajustes bimestrales para el 2024 alcanzarán los 86.254 millones de pesos. En cuanto a los salarios, los fondos para docentes y no docentes oscilarán en los 441.600 millones de pesos.

Finalmente, la ley establece que los salarios de docentes y no docentes del sistema universitario nacional deberán actualizarse a partir de diciembre de 2023, conforme a la inflación acumulada hasta la sanción de la ley. Luego, los sueldos se ajustarán de forma mensual hasta diciembre de 2024, manteniendo el ritmo de la inflación informada por el INDEC. Esta medida, según Bartolacci, es crucial para garantizar la estabilidad y la calidad educativa en las universidades nacionales.