La decisión del Gobierno de eximir el pago de derechos a SADAIC por la reproducción de música en eventos privados generó controversia y confusión. Diego Boris, ex-presidente del Instituto Nacional de la Música, criticó la medida, señalando que la medida es confusa y podía dar lugar a interpretaciones erróneas sobre los derechos intelectuales

Diego Boris, músico y ex-presidente del Instituto Nacional de la Música, expresó su preocupación por la reciente modificación de la Ley de Propiedad Intelectual por parte del Gobierno, que elimina la obligación de pagar un canon a la Sociedad Argentina de Autores y Compositores (SADAIC) por la reproducción de música en eventos privados. Según Boris, el decreto estaba redactado de manera ambigua, lo que generó confusión tanto en el público como en los medios de comunicación.

El decreto, publicado en el Boletín Oficial, modificó la normativa vigente que obligaba a salones de fiestas y otros espacios a pagar un porcentaje a SADAIC por la ejecución de música. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, justificó el cambio argumentando que “la confusión había provocado el absurdo de que se cobraran derechos por la mera existencia de televisores en la habitación de un hotel”, lo que encarecía los servicios.

Sin embargo, para Diego Boris, la medida no hace más que generar malentendidos sobre el concepto de derechos intelectuales. En diálogo con La Marca de la Almohada, explicó que “hay desinformación por parte de las autoridades nacionales, redactan un decreto confuso que tiende a diversas interpretaciones”. Según Boris, el desconocimiento sobre el alcance de los derechos intelectuales llevó a la creación de un decreto que complica aún más la situación en lugar de clarificarla.

Boris afirmó que la redacción del decreto era especialmente problemática porque “lo que hace es redefinir en dónde se cobra comunicación al público, cuando va por ámbito privado es donde se genera la distorsión”. Para él, la ambigüedad en la normativa podría dar lugar a que se comuniquen “slogans que no son ciertos”, confundiéndose los límites entre lo privado y lo público en términos de derechos de autor.

El músico también aclaró que el decreto buscaba redefinir el concepto de “comunicación al público”, que tradicionalmente se refiere a situaciones donde la música se utiliza en espacios donde el organizador se beneficia económicamente de dicha reproducción. “Cuando se habla de ámbito privado refiere a una locación con un dueño como puede ser nuestra casa. Una discoteca, un colectivo, un hotel, tienen dueño pero es un ámbito público”, detalló Boris, subrayando que esta diferencia es clave para la aplicación correcta de la ley.

En cuanto al impacto sobre SADAIC, Boris sugirió que la confusión creada por el decreto podría tener repercusiones importantes para la entidad. Aunque algunos medios informaron que el cobro de derechos de autor se eliminaría por completo, Boris aclaró que “este decreto modifica otro de 1934, lo que no puede hacer es avanzar sobre pactos internacionales y sobre fallos de la Corte Suprema que ya definieron los ámbitos de aplicación”. Por lo tanto, la interpretación de que SADAIC dejaría de cobrar es, según él, inexacta.

Además, Boris advirtió que, aunque SADAIC podría no verse afectada de manera significativa, “otras instituciones que sí recaudan sobre las reproducciones sí se van a ver afectadas”. El músico prevé que la confusión generada por el decreto lleve a un aumento en los litigios judiciales, “se van a judicializar los casos y se va a terminar pagando”, afirmó.

Desde el gobierno, el argumento de la modificación se centró en la necesidad de ajustar los costos asociados a los derechos de autor en eventos privados, que según Sturzenegger, habían generado situaciones “absurdas” y costos innecesarios para los organizadores de eventos. Sin embargo, la respuesta del sector musical y de los defensores de los derechos de autor fue contundente en criticar la falta de claridad y la potencial erosión de los derechos establecidos.

El debate sobre la aplicación de los derechos de autor en Argentina no es nuevo, pero esta modificación revivió viejas discusiones sobre el equilibrio entre la protección de la propiedad intelectual y los intereses comerciales. Para Boris y otros actores del ámbito musical, la medida es vista como un retroceso que podría debilitar las bases del reconocimiento y la remuneración justa de los creadores.