La organización Madres de Plaza de Mayo repudió la arremetida contra el Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos, decidida por el gobierno de Javier Milei, calificándola como una acción “fraudulenta e ilegítima”. La medida incluye el nombramiento de un Rector normalizador, lo que fue percibido como un ataque a la autonomía universitaria y a los Derechos Humanos
El gobierno de Javier Milei decidió intervenir el Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos Madres de Plaza de Mayo (UNMa), una acción que generó una fuerte respuesta de la organización Madres de Plaza de Mayo. En un comunicado difundido en sus redes sociales, las Madres calificaron la medida como “fraudulenta e ilegítima” y señalaron que representa una “arremetida” contra la institución y su misión de promoción de los derechos humanos.
La organización denunció la intervención como una acción de un “gobierno fascista, negacionista, reivindicador de la dictadura genocida” y prometió resistir esta decisión junto con la comunidad educativa de la universidad. Esta intervención se produce en un contexto de creciente tensión entre el gobierno de La Libertad Avanza y diversas organizaciones de derechos humanos en Argentina.
Gustavo Pons, Vicerrector Académico de la UNMa, dialogó con La Marca de la Almohada para ofrecer su perspectiva sobre la situación. Pons explicó que la intervención actual es aún más severa que la sufrida en 2017 bajo el gobierno de Mauricio Macri. Según el directivo, hay un “enorme abandono presupuestario y salarial para las universidades”, lo cual se agravó en los primeros meses de la gestión de Javier Milei.
En ese sentido, Pons describió la situación como un ataque directo a la autonomía universitaria y a las organizaciones de derechos humanos. “Sandra Petovello solicitó, hace algunos meses, poner en revisión la decisión de 2014 del Congreso de designar a esta y otras universidades como parte del sistema universitario nacional”, comentó. Esta revisión, según el integrante de la UNMa, busca cuestionar decisiones tomadas por el Congreso y representa un “corrimiento del estado” y un “ataque a las organizaciones que trabajan en torno a los Derechos Humanos”.
En tanto, Pons destacó la precariedad financiera que atraviesa la UNMa, mencionando que la universidad “no recibió ni un peso de lo destinado por el presupuesto nacional”. Esto ha llevado a una situación en la que “trabajadores y trabajadoras no cobran hace siete meses y deudas en gastos corrientes” que se fueron acumulando. Frente a esto, la universidad realizó presentaciones judiciales para desafiar la intervención.
Sin embargo, los esfuerzos judiciales encontraron obstáculos, ya que la causa “cayó sorpresivamente” en manos de un juez cercano al gobierno, quien “en 24 horas desestimó lo planteado”. Esta situación refuerza la percepción de una intervención política dirigida a socavar la labor de la UNMa y controlar su administración.
Pons indicó que “desconocen los motivos por los cuales han elegido a Eduardo Luis Maurizzio” como rector organizador. “Es una personas que conoce la universidad, pero desconocemos las cuestiones que hay detrás de esta decisión. La comunidad universitaria está viviendo una profunda preocupación porque vemos un serio riesgo en su continuación”. Y agregó que “no es casual el ataque a una universidad con un perfil en Derechos Humanos cuando el gobierno muestra un desprecio por lo público, por las universidades nuevas. Este Gobierno se ha cansado de poner en cuestionamiento las políticas de Memoria, Verdad y Justicia”.
