El dato surge de la encuesta que periódicamente realiza la ONG Inquilinos Agrupados de Rosario. La misma arroja además que el panorama es muy desalentador para los próximos meses ya que muchas personas no saben cómo van a hacer frente al pago de alquileres y servicios ante la creciente pérdida del poder adquisitivo.
La ONG Inquilinos Agrupados de Rosario dio a conocer en estos días los resultados de la encuesta que periódicamente realiza entre las personas que alquilan en la ciudad y los resultados son alarmantes. Una familia tipo debe tener un ingreso superior al millón y medio de pesos para poder vivir alquilando, un 15% de los inquilinos tuvo que rescindir el contrato por no poder pagarlo y un 80% de los consultados no sabe cómo va a hacer frente a los pagos en los próximos meses.
En diálogo con La Marca de la Almohada, Sebastián Artola explicó que la canasta inquilina que la ONG dio a conocer esta semana “surge de cruzar los datos que publica el Indec respecto a las líneas de pobreza e indigencia con el relevamiento de precios de alquileres que la organización hace en la ciudad durante junio”. En ese marco, sostuvo que “un inquilino para no ser pobre debe tener el doble de ingresos que una persona que no alquila, lo que traducido a situaciones concretas nos dice que si el Indec establece para una persona que vive sola un ingreso de 282 mil pesos, al agregarle alquiler y expensas ese monto se va a 650 mil pesos. Haciendo este mismo ejercicio para una pareja o dos adultos mayores, el Indec establece la canasta básica en 565 mil pesos pero se va a un millón con alquiler y expensas; y en un familia tipo de cuatro integrantes la canasta básica es de 873 mil pesos que sumando alquiler y expensas trepa a 1.5 millón de pesos”.
Asimismo, Artola dijo que “la situación era difícil ya a fines del año pasado, pero la aplicación del DNU 70/23 dictado por el gobierno nacional a fines de diciembre último estableció una desregulación que por uso y costumbres lleva a hacer el contrato de alquiler cada dos años y con una indexación por el índice de inflación cada cuatro meses”. En ese sentido, el referente de la ONG manifestó que “la total desregulación del mercado agravó la situación” y remarcó que “en estos meses se ven contratos cortos, a uno o dos años y con actualización cada 2 o 3 meses por inflación y donde el principal problema pasa por sostener el pago del alquiler para la mayoría de las familias”.
Asimismo, explicó que el relevamiento hecho en Rosario arrojo que “el 63% de los inquilinos está endeudado y lo hace para poder cubrir la canasta básica alimentaria y en segundo lugar para poder pagar el alquiler. También hay una morosidad creciente del pago de las expensas y un dato que alarma y que dice que el 15% de los inquilinos tuvo que rescindir contratos, lo que proyectado a nivel nacional da un millón y medio de inquilinos y en nuestra ciudad unos 50 mil, que en algunos casos son jóvenes que retornaron a vivir con sus familias o adultos mayores que no pueden pagar y se van a vivir con los hijos. Pero también hay quienes no tienen esa posibilidad y se ven familias que reducen el tamaño de las viviendas que alquilan, que terminan en una habitación o en una pensión e incluso quienes terminan en situación de calle”.
Finalmente, Artola dijo que “el panorama no es muy alentador, la mayoría de los nuevos contratos se hacen con una indexación sujeta a la inflación que baja a pesar de que el precio de las cosas siguen aumentando y en el marco de una pérdida del poder adquisitivo brutal. A eso hay que sumarle el aumento de todos los costos de servicios e impuestos”. T recordó que “si al principio desde el gobierno y el sector inmobiliario se festejó el DNU y se habló de un impacto positivo en el mercado con un aumento de la oferta y la baja de los precios para alquilar, hoy el propio sector inmobiliario habla de una caída importante en la demanda y la imposibilidad de renovar contratos por parte de viejos inquilinos”. Y sostuvo que la encuesta dada a conocer “marca que un 90% de las personas cree que fueron desfavorecidas por el DNU y un 80% no sabe cómo va a afrontar los pagos de alquileres en los próximos meses”.