Criminólogo y penalista de la UNR analizaron la pavimentación judicial y política de un camino que llevó al actual escenario en la ciudad y coincidieron en señalar que se persiste en esos errores: la exageración del estatus de los grupos violentos vinculados al negocio del narcomenudeo

En una jornada marcada por las calles semidesiertas, sin transporte público ni clases, con retiro de taxis y cierre de estaciones de servicio durante la noche luego del asesinato de cuatro trabajadores en acciones de tinte mafioso, el programa Apuntes y Resumen convocó al estudio de Radio Universidad a los abogados Enrique Font, criminalista, y su colega especializada en derechos humanos Constanza Estepa para analizar el escenario de gravedad que se consolidó en Rosario, sus antecedentes y los últimos movimientos de autoridades nacionales y provinciales.

“Subimos otro escalón en la violencia, y lo que sabemos es que nunca se bajan”, resumió Font como inicial descripción de la coyuntura en referencia a las acciones violentas y las respuestas públicas.

Estepa comenzó narrando la reacción social en zona oeste, donde vive, cerca de donde el jueves pasado le dispararon al chofer de la línea K Marcos Daloia, quien finalmente falleció. Destacó que mientras en el centro de la ciudad hubo en las últimas horas un tímido intento de salir a reclamar a las autoridades, por ejemplo la concentración de escasa convocatoria frente al Monumento a la Bandera y algunos cacerolazos, en su barrio no hubo nada. Una ciudadanía, dijo, aletargada que deja la “sensación de angustia y desamparo”.

Ante eso, planteó la disyuntiva: por un lado, admitió, es irresponsable salir a la calle a manifestarse ante el riesgo potencial de nuevos hechos de violencia, y hay que atender a la seguridad comunitaria. Por el otro, completó, está la duda de si así se le entrega la calle a los violentos. Propuso poner la lupa en ese aparente callejón sin salida, porque cualquiera de las dos alternativas que produce “una sensación de vacío”.

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Font destacó que los cuatro crímenes perpetrados entre la noche del martes y los últimos minutos del viernes fueron pensados y exitosos en su aparente objetivo de generar conmoción social. La elección de dos taxistas, un chofer de colectivos y un empleado de estación de servicio como víctimas, más la amenaza a recolectores de residuos (en el cartel colgado de un puente en avenida Circunvalación y Oroño), tienen por objetivo buscar la paralización de la ciudad ante la reacción de los gremios que representan a los trabajadores asesinados.

El crimen se explica en su interacción con las respuestas públicas

El criminalista remitió esas demostraciones letales de desafío a las autoridades en las políticas públicas de seguridad, porque –enfatizó– al crimen se lo explica en su interacción con las respuestas públicas al fenómeno del delito. Y en esa línea, señaló que desde 2003 en adelante, con la mega causa Los Monos durante el gobierno provincial de Antonio Bonfatti, se siguió una lógica de “amplificar al contrincante”, en este caso la banda de los Cantero nacida en barrio Granada. El error central fue construir una amenaza mayor a la que efectivamente existe. Y recordó el conocido teorema del sociólogo William Thomas: si se presenta un hecho falso como real, sus consecuencias serán según la construcción ficticia. Algo como una profecía autocumplida.

Montaje de súper villanos: si se exageran los hechos, sus consecuencias serán según esa construcción ficticia

Con eso se refirió a la creación de una imagen de Rosario al modo de Ciudad Gótica, con híper villanos que por contraste definen a los creadores de ese escenario como súper héroes. Esa estrategia, siguió Font, les dio una entidad de la que carecían a las organizaciones violentas de origen popular para las que la violencia no es sólo instrumental en relación a sus negocios ilegales, sino también un factor de identidad. Y si el Estado, que debe hacer un uso sobrio y minimalista de la coerción o la fuerza, lo hace con las reglas del juego de quienes dice combatir, construyendo con exageración su peligrosidad social, lo termina por favorecer en su lógica. Eso “salió mal”, repasó sobre las consecuencias. Y no hubo aprendizaje, añadió: ahora, las autoridades provinciales y nacionales recurrieron al paradigma Bukele. Y “salió peor”. Una persistencia en el error que, repasó, se completa con el recurso al terrorismo como descripción.

No hay nada nuevo, planteó el criminalista: ese encuadramiento ya fue usado por la actual ministra de Seguridad Patricia Bullrich durante la gestión macrista, en la Patagonia y con la RAM (Resistencia Ancestral Mapuche), lo que “derivó en una catástrofe”. La diferencia, marcó la gravedad Font, es que entonces la designación se posaba sobre comunidades originarias que no tenían armas, pero ahora reviste a grupos que sí las tienen, y las usan sin reparos. En el futuro, si se sigue esa escalada descriptiva, aventuró con ironía, quedará designarlos como facciones beligerantes en términos del derecho internacional. Se trata, apuntó, de una dinámica de aumento geométrico de calificaciones que sólo echan más nafta al fuego.

Sin anuncios diferentes, sólo el “circo” que llevó a una situación crítica

Que todo sigue igual, agregó, lo demuestra la conferencia de prensa que dieron el mismo lunes Bullrich, su par de Defensa Luis Petri y el gobernador Maximiliano Pullaro en Rosario. No hubo un solo anuncio más que el ya adelantado (y repetido) desembarco de fuerzas federales. En cambio, completó, quedó la sensación de que se continuará con el “circo” que desembocó en la situación actual.

Intervención social y complicidades policiales, afuera

Sobre la misma conferencia, Estepa resaltó aspectos ausentes tanto en las declaraciones como en las preguntas. Ninguna referencia al entramado policial que rodea los últimos crímenes, dado que en el que tuvieron por víctimas a los taxistas se secuestraron vainas servidas con la inscripción PSF, que son los proyectiles entregados a los agentes de la fuerza. Lo que sobrevoló, dijo, fue una suerte de fe ciega en el uso de las fuerza por parte de la agencia provincial y las federales como la respuesta correcta. La omisión de complicidades estatales es llamativa, agregó, dadas las numerosas causas judiciales en las que uniformados aparecen como facilitadores e incluso articuladores de acciones vinculadas a la violencia narco.

En el mismo sentido, Estepa resaltó que la intervención anunciada sólo hace mención al uso de la fuerza, y nada se dijo de un plan integral por otra parte complicado en el contexto de congelamiento de la obra pública y de fondos para urbanización de barrios populares dispuestos por el Gobierno de Javier Milei. La fórmula, sintetizó, deja de lado toda voluntad de intervención social.

Por el contrario, la amenaza es aplicar la llamada ley antiterrorista, sancionada en 2007 y modificada en 2011 para agregar el artículo 41 quinquies al Código Penal que permite duplicar penas cuando se inscribe un delito en un objetivo de terror.

Font admitió que ese tipo jurídico puede ser usado en la penalización, pero es inocuo en un contexto en que el adversario ya demostró que no se atemoriza, que es hábil en el juego de la violencia, con líderes como Guille Cantero que con penas de casi un siglo de prisión no se intimida por el aumento de condenas.