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El Gobierno no tiene apuro en que el Congreso trate el decreto de “urgencia”

El diputado nacional, abogado constitucionalista y ex secretario de Transporte marcó el riesgo para el sistema republicano que implica el DNU y la llamada ley ómnibus firmadas por el presidente Javier Milei, y el desprecio del Ejecutivo por otro poder, el Legislativo, que también fue elegido por el voto popular

Poco antes de conocerse que la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo había resuelto suspender la aplicación del capítulo laboral del DNU hasta que se analice la cuestión de fondo, ante una presentación de la CGT, Giuliano dialogó con Apuntes y Resumen sobre la impronta autoritaria de los instrumentos diseñados por la gestión de La Libertad Avanza.

“Las comisiones no están conformadas”, señaló el diputado en referencia a los cuatro integrantes de la bicameral que debe dictaminar sobre el DNU y las que tendràn que hacerlo con el megaproyecto de ley que, ese sí, ya envió el Gobierno al Congreso. El “decretazo”, en cambio, no fue girado, aclaró el legislador marcando la contradicción entre la supuesta “urgencia” de las materias que trata y el letargo del proceso administrativo en el que se empeña el Ejecutivo.

El Gobierno cuenta con 10 días, a partir de la publicación del DNU en el Boletín Oficial, para enviarlo al Congreso. Pero si no lo hiciera en ese plazo, vencido el mismo lo puede tratar la bicameral. En ese sentido, aunque los 8 miembros de la Càmara alta ya fueron designados, aún no pasó lo mismo con los de la Cámara baja.

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Giuliano deslizó que la tardanza es una táctica del oficialismo, para conseguir más días de vigencia efectiva del DNU antes de someterlo al escrutinio legislativo. Lo grave, recalcó, es que ya produce efectos prácticos graves, como los referidos a la derogación de la ley de alquileres o a la habilitación de la compra de tierras por parte de extranjeros, entre otros.

El legislador de Unión por la Patria consideró que hay un “piso” argumentativo para que el Congreso deje sin efecto el DNU –debe ser rechazado por las dos Cámaras, si una lo aprueba o no se expide, queda firme– por la exageración del uso de ese instrumento para modificar o derogar más de 360 leyes. “Se desarman sistemas jurídicos completos”, remarcó sobre el volumen de lo pretendido. Entre otras cosas, Giuliano destacó el atropello que implica modificar el derecho laboral sin fundamentación atendible. Avanza, dijo, sobre todo un anadamiaje de fondo y doctrinario, porque fue creado a partir del reconocimiento de la desigualdad de la relación entre empleado y empleador.

“La democracia merece otra cosa”, volvió Giuliano sobre la impronta del Gobierno, porque “el voto también diseñó la conformación del Congreso, además del Ejecutivo”. En el caso del Legislativo, la voluntad popular, recordó, fue darle mayoría a la hoy oposición. “No puede presentarse a uno de los votos como bueno y al otro como malo”, siguió sobre la dicotomía que pretende instalar el oficialismo.

“Hay 11,5 millones de ciudadanos que votaron a Unión por la Patria, y 14 millones que lo hicieron por el presidente Javier Milei en un balotaje. Esto obliga al diálogo, no a la instauración de la ley de la selva o la imposición de la del mercado”, completó la reivindicación del juego democrático.

En ese punto, marcó además que la Constitución se elaboró para limitar al poder, con pesos y contrapesos, para que nadie pueda sin más cambiar todas las reglas de juego, porque debe haber un consenso mínimo. De lo contrario, advirtió, se ingresa al caos social y jurídico, porque entonces las sucesivas administraciones tienen la posibilidad de cambiar de raíz los andamiajes legales y las dinámicas sociales desarmando cualquier horizonte de estabilidad.

Como ejemplo de avasallamiento de las construcciones colectivas, Giuliano señaló las modificaciones profundas al Código Civil por parte de la ley ómnibus. Se trata de un diseño conseguido luego de 15 audiencias públicas que se intenta borrar de un plumazo y “a sola firma”. Insistió en que ninguna voluntad individual puede modificarlo de un día para el otro, ni siquiera el Congreso, como pretende el oficialismo, a libro cerrado.