Diecisiete provincias, entre las que se encuentra Santa Fe, aún no la implementaron. El nutricionista Ignacio Porras insistió en que la norma busca que se pueda “comer mejor y no ser rehenes de las estrategias de la industria alimentaria”

Sancionada en octubre de 2021, y luego de seis meses de prórroga para que los fabricantes pudieran adecuarse a los alcances de la normal, en marzo del año pasado el Gobierno reglamentó finalmente la Ley de Etiquetado Frontal. Sin embargo, diecisiete provincias, entre las que se encuentra Santa Fe, aún no la implementaron.

“Es una ley integral que busca ir acompañada de otras políticas y el eje número uno, que se popularizo, que es el etiquetado, que va bastante avanzado. En agosto se terminó el plazo de adecuación para las pequeñas y medianas empresas que pidieron prórroga. Ahora tienen que tener los sellos”, aseguró a La Marca de la Almohada Ignacio Porras, nutricionista y director Ejecutivo de la Fundación Sanar.

El especialista aseguró que se advierten incumplimientos por parte de la industria que ya se observaron en procesos semejantes encarados en otros países: etiquetados más pequeños o un doble frente para colocar la información en la cara trasera del paquete.

“Eso se fue denunciando en Defensa del Consumidor. Anmat mucho no está haciendo, pero Defensoría es una vía posible de denuncia. Se les llama la atención a las empresas cuando toman estas formas para incumplir la ley”, indicó Porras.

El nutricionista explicó la diferencia de esta ley con medidas más restrictivas, como en el caso de determinadas sustancias nocivas –por ejemplo, con las grasas trans– que no cumplen los estándares de Organización Mundial de la Salud y donde se definen políticas sin que el consumidor sea informado.

“Esto va sobre el entorno, pero no es obligatorio. No impacta sobre tu consumo directamente. Con la información te da a elegir si lo querés consumir o no. Necesitamos cantidad de hidratos de carbono, grasas, proteínas. En mayor o menos cantidad. Podemos permitirnos productos que tengan exceso. Hay nutrientes que son críticos que nos hacen mal, como las grasas trans. Entonces, ahí, las políticas son restrictivas. Con el etiquetado frontal se informa que un producto excede ciertos nutrientes críticos y vos con esa información tomás la decisión”, detalló Porras.  

“Acá se eligió un etiquetado frontal porque lo mostraba como el método más efectivo en relación a los tiempos que tardamos para elegir un producto, entre ocho y trece segundos, lo que no permite analizar listado de ingredientes, tabla nutricional. El elegido para la ley es el de la Organización Panamericana de la Salud, que es el que mayor relación guardaba con las recomendaciones de las guías alimentarias para la población argentina. No fue un capricho. Tiene que ver con la evidencia científica disponible y que esa evidencia sea libre de conflicto de intereses. Que no sea financiada por la industria regulada para garantizar transparencia”, indicó el nutricionista.

Porras marcó que la política pública busca que la población “huya” donde vea octógonos negros y que privilegie los alimentos frescos, mínimamente procesados.

“La población que más consume este tipo de productos son niños, niñas y adolescentes y familias pobres. ¿En qué se traduce? Cada vez más presencia de enfermedades crónicas no transmisibles. Mala calidad de vida. Todos los productos que tienen sellos, preferentemente, evitalos. Desequilibran tu dieta. Está pensando de acuerdo a las recomendaciones de la OMS. Es una ley pensada para que los chicos y chicas puedan comer mejor y no ser rehenes de las estrategias de la industria alimentaria”, insistió.

Por último, macó que la ley es de alcance nacional y que las provincias tienen la obligación de cumplirla, por lo que no se requiere ningún tipo de adhesión, aunque ello podría colaborar para que se determine cómo se implementa y quién es el responsable de fiscalizarla.

“Es nacional y de fondo. Hay que cumplirla. En los entornos escolares, en la publicidad y en la compra publica que hace el Estado para la asistencia alimentaria. Entre octubre y noviembre se terminará de implementar. Todo producto que no tenga sello es porque es muy viejo o incumple la ley”, concluyó.