La abogada Mariana Vargas, defensora de las personas que fueron detenidas en Jujuy, denunció que se siguen acumulando causas judiciales contra quienes rechazan la reforma constitucional impulsada por el gobernador

La acción represiva e intimidante del gobierno de Jujuy, donde a partir de la reforma constitucional provincial que cercena el derecho a las protestas y avanza sobre las tierras de los pueblos originarios se produjeron detenciones, allanamientos y la apertura de causas judiciales, derivó en un nuevo avance contra la multisectorial que trabaja para rechazar las medidas inconsultas de Gerardo Morales.

Organizaciones sociales, políticas, sindicales y representantes de los pueblos originarios denunciaron que continúan acumulándose denuncias contra quienes manifiestan para rechazar la reforma. La abogada Mariana Vargas, defensora de las personas que fueron detenidas desde el 20 de junio pasado, denunció en diálogo con La Marca de la Almohada que “hoy están llegando citaciones al juzgado contravencional donde estas mismas personas que están en la causa penal, ahora se las persigue por el mismo hecho, en este caso pretendiendo cobrarles una multa”.

“Todos son acusados por resistir a la autoridad. Esa misma conducta es también perseguida en el juzgado contravencional. Es una doble persecución. Por la ilegalidad manifiesta tuvieron que retroceder en relación a las causas penales, en relación a mantenerlos en prisión, que es lo que se pretendía desde el gobierno. Ahora van por esto. Todas las acciones intentan desarticular el movimiento popular, que hoy está nucleado en la multisectorial de Jujuy contra la reforma, donde están los sindicatos, las organizaciones sociales y las comunidades originarias”, explicó Vargas.

Frente la estrategia de persecución judicial, la abogada explicó que la semana próxima se presentará un recurso de inconstitucionalidad contra el Código Penal. En caso de ser rechazado se recurrirá a la Corte Suprema. “Hay que garantizar los derechos, que tiene que estar vigentes en nuestra provincia y están cercenados. El derecho a la huelga, a la protesta, a la reunión y, en relación a las comunidades, el derecho a la consulta previa e informada”, explicó la abogada.

En Jujuy fueron más de setenta los detenidos, hoy todos liberados, pero con causas formadas en su contra. Vargas planteó que la situación es “grave”, pero destacó que “el pueblo va encontrando los caminos para continuar con la lucha” y que “la situación de intimidación no logra revertir la idea de que la reforma es cada vez más ilegítima”. Además, aseguró que “Morales quiere la paz de la persecución, de la cárcel, de la ceguera” y que “cada acción que propuso fue sumando cada vez mayor ilegalidad”.

Vargas marcó uno de los puntos centrales de la disputa en Jujuy, donde el gobierno de Morales pretende explotar las tierras que ocupan las comunidades originarias, en especial para la extracción de litio.

“El litio está generando que sus tierras sean un desierto de acá a poco tiempo. Por lo tanto, implica que no puedan seguir viviendo como lo hacen, con la cría de animales, las plantaciones. Son comunidades que no tienen hasta hoy el título de la tierra, que corresponde que tengan porque son comunidades preexistentes al Estado nacional. Se le ha vedado ese derecho al título de la tierra y con la nueva constitución, que entendemos no está vigente, pero que para Morales sí, el problema es que se trata de tierras fiscales que son para la producción o el trabajo. Y en esto se viola el derecho de las comunidades a decidir sobre su propio territorio”, cuestionó.

“Más allá de que se pueda debatir el tema del litio y la forma de producción, que ésta no debería ser porque destruye la tierra, debe observarse el rol de las potencias extranjeras en relación a si es una riqueza del país o materia prima para que se enriquezcan China o Estados Unidos. Las comunidades no quieren que se produzca litio. Que se excave y se saque. Más allá de esas discusiones son las comunidades las que tienen el derecho, por poseer esas tierras, a decidir. Y hoy esas comunidades dicen no. A pesar de eso se extrae litio y hay negocios con los chinos. Con lo cual se están vulnerando los derechos, violando toda la normativa internacional en relación a esta especial protección a las comunidades por su historia. Ya se bancaron el genocidio de hace 500 años y siguen igual”, concluyó la abogada.