Un proyecto flexibiliza las condiciones de habilitación municipal a instituciones que cumplen importantes funciones sociales en los barrios

Avanza en el Concejo un proyecto que crea un régimen especial de habilitaciones municipales para asociaciones civiles sin fines de lucro tales como asociaciones vecinales, bibliotecas populares y centros de jubilados. La ordenanza flexibiliza las condiciones de habilitación para ese tipo de organizaciones, que suman unas 114 en todo el territorio de la ciudad, y que cumplen funciones sociales clave para la vida de muchos barrios. 

El relevamiento arroja que en Rosario hay 50 vecinales activas, 24 bibliotecas populares, y 40 centros de jubilados con vida institucional activa, ya que los inscriptos son más pero en muchos casos no están funcionando. Todas estas instituciones comparten una problemática en común: tienen edificios históricos muchas veces grandes, y hasta equipados pero no se diseñaron originariamente como locales comerciales ni como instituciones estatales. 

Es común que estas asociaciones funcionen en casas que fueron donadas, cedidas y luego ampliadas, o que comenzaron en un garaje y luego fueron agregando dependencias y anexando pisos. Nunca tuvieron un diseño institucional, ya que siempre se pensaron como organizaciones vivas de la sociedad civil que iban creciendo como podían, entonces hay determinadas cuestiones que no estaban previstas, como las salidas de emergencia y la accesibilidad, entre otros puntos.

La normativa vigente en materia de habilitaciones fue creada y pensada para habilitaciones comerciales. Contempla lugares que operan con fines de lucro, y en los que por ende se puede hacer una inversión inicial importante de refacciones edilicias y de adecuar todo a lo que exigen los requisitos establecidos por ordenanza. En el caso de las instituciones sociales, no tienen fines de lucro y tampoco desarrollan actividades multitudinarias, a diferencia de bares o boliches en los que entran cientos de personas, o un shopping donde hay una circulación intensiva. Son lugares donde como mucho se hacen talleres, reuniones o clases.

Por eso, la idea es que logren una habilitación parcial, no de la totalidad, excluyendo los casos en los que hay un espacio deportivo, una pequeña canchita de fútbol o un patio. Se piensa en autorizar los lugares como un SUM, un aula o una sala donde haya cuestiones de seguridad que sí tienen que estar habilitadas por el municipio: que la instalación eléctrica sea nueva, que en el caso de que haya cocina o gas las cañerías y conexiones estén reguladas por un gasista matriculado, que haya matafuegos, una salida alternativa a modo de emergencia y cuestiones básicas de accesibilidad para personas con movilidad reducida. 

Utilidad concreta

Esta flexibilización les permitiría, con poca inversión, habilitar un área. Para poner un ejemplo: una biblioteca puede recibir luz verde para el espacio donde hacen los talleres, y a partir de esto poder acceder a programas de gestión estatal, de entes autárquicos o con universidades; y a distintas políticas para coproducir, cofinanciar o coadministrar determinados servicios educativos y culturales, que hoy tienen vedada.

“Concretamente, el PAMI tiene un programa que se llama colonias recreativas para adultos mayores, donde pueden hacer convenios con instituciones intermedias de la sociedad civil, como las asociaciones, en las que el organismo nacional paga talleristas que hagan actividades para afiliados a la obra social”, explicó la autora del proyecto, Marina Magnani. Todo esto en el marco de darle inyección y un enfoque institucional al tema de la sociabilización de los adultos mayores, a la salud comprendida desde una perspectiva de la vinculación, de que las personas tengan proyectos, y actividades. 

Según la concejala de Unidad Ciudadana, estos convenios permiten, además del salario de los talleristas, comprar algunos insumos mínimos para garantizar un taller, por ejemplo, en una vecinal o en un club. Esto además los beneficia, porque también les permite tener más actividades y una colaboración económica para el sostenimiento de las instituciones. “El problema es que el PAMI, por ser un instituto nacional, les exige tener habilitado el lugar donde van a hacer el taller por una cuestión de seguridad, contratar seguros, y otros requisitos. Nuestro proyecto solucionaría este escollo”, agregó.

El proyecto obtuvo esta semana despacho en la comisión de Gobierno. La autora estuvo trabajándolo con el Ejecutivo para acordar algunos puntos más finos, y finalmente logró consenso, por lo que se da por hecho que avanzará en el Concejo y ayudará tanto a las instituciones como a las personas que allí desarrollan importantes actividades sociales.