Ariadna Espíndola, integrante de la organización Abogadas y Abogados del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes), cuestionó el proyecto de Gerardo Morales y lo ligó con la explotación de los recursos naturales

La provincia de Jujuy continúa en un estado de “conmoción social” luego de la reforma constitucional impulsada por el gobernador Gerardo Morales y la represión desatada contra quienes se manifiestan para rechazar un texto que incluye, entre otros puntos, el cercenamiento del derecho a la protesta y la posibilidad de apropiarse de tierras ocupadas por miembros de pueblos originarios.

La directora institucional de la oficina en Jujuy de la organización Abogadas y Abogados del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes), Ariadna Espíndola, apuntó en diálogo con La Marca de la Almohada que la reforma a la Carta Magna de Jujuy está atravesada por “muchísimas irregularidades”, evitando entre otros puntos “la participación abierta de la población”. Además, vinculó la estrategia de Morales con la explotación del litio. 

“La provincia sigue con una conmoción social y se sostienen las movilizaciones y protestas con el reclamo de los docentes, los sindicatos y las comunidades. La consigna es bien clara y es la que se viene sosteniendo: ‘Arriba los derechos, abajo la reforma’, ‘Arriba los salarios, abajo la reforma’”, contó Espíndola sobre el estado de situación que se vive por estas horas en Jujuy. 

Sobre la reforma constitucional, aseguró que “todo el proceso ha tenido muchísimas irregularidades desde sus inicios” y que no contó “con el consenso de la población ni tuvo representatividad”.

“No se conoció desde un principio el proyecto sobre el cual debatir, cuando fue una propuesta realizada en septiembre del año pasado. Recién el 2 de junio se conoció un borrador del proyecto. No hubo participación abierta a la población. Una reforma implica una renovación de un pacto político de toda la sociedad, nuevas normas de convivencia, nuevas instituciones. Debería haber sido representativa y con participación de todos los sectores de la sociedad”, denunció la directora institucional de Andhes. 

“Fue un proceso con irregularidades. La ley de necesidad de reforma aprobada en septiembre del año pasado sindicaba que el proceso debía ser durante 90 días y fue totalmente exprés, en menos de un mes de debate. Y ni hablar cuando se votó la reforma, el día de la represión, que fue a puertas cerradas y a espaldas del pueblo”, añadió Espíndola. 

Respecto de las motivaciones que impulsaron el proyecto, opinó que tienen relación “con los recursos naturales” y “la utilización del agua para el extractivismo del litio”. Espíndola cuestionó, además, que ahora se proponga un debate sólo para dejar sin efecto un par de artículos. “El punto no es ése, sino la falta de consulta previa en relación a todas las legislaciones que transversalizan la vida de las comunidades y pueblos indígenas”, advirtió.

Las movilizaciones y protestas contra la reforma desataron un accionar represivo de las fuerzas de seguridad que Espíndola aseguró terminó por convertirse en una “cacería de personas”. 

“En un momento no fue una represión solamente, que duró cuatro o cinco horas. Fue una situación angustiante que después se convirtió en una cacería de personas, ingresando al interior de barrios, casas. Una situación muy repudiable. Por ejemplo, hicimos una denuncia de que se usó el edificio de la Legislatura como centro de detención. Hubo quince, dieciséis personas detenidas. No fueron llevadas a comisarías. Usaron un edificio público como centro de detención”, denunció la integrante de la organización Andhes.