Después de una década de tramitar la causa bautizada mediáticamente como “ruta del dinero K”, la justicia sobreseyó a la vicepresidenta Cristina Fernández porque el fiscal no encontró en todo ese tiempo pruebas para procesarla
El juez Sebastián Casanello sobreseyó a la vicepresidenta Cristina Kirchner en la denominada causa de “la ruta del dinero K” luego de que el fiscal Guillermo Marijuán admitiera que luego de diez años no pudo reunir pruebas contra la ex mandataria.
En su fallo, el magistrado hizo caso a “la solicitud del acusador y titular de la acción penal”, es decir de la fiscalía, “de sobreseer” a la ex mandataria de las imputaciones por las que había sido procesada. Apuntes y Resumen conversó con el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat, para quien cayó otro “relato ficcional” de la persecución judicial que revestido de credibilidad, señaló, por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y los medios hegemónicos.
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Casanello consideró que se cumplieron “los requisitos de razonabilidad y legalidad” de la petición fiscal, sobre la que se expresó “satisfecho” por cumplir con “el ordenamiento legal” de análisis e interpretación de los elementos que obran en el expediente y que, tal como se había expuesto la semana anterior, no aportaron pruebas para hacer lugar a la imputación.
Barcesat dio por materializado el sobreseimiento. “Lo que corresponde esperar después de que el fiscal y los dos querellantes particulares (Afip y la UIF, Unidad de Investigación Financiera) dijeron que no tenían ninguna prueba y que coincidían con el dictamen fiscal, es que no haya apelación y entonces, después de cinco días, pasará a cosa juzgada”, señaló el especialista.
Se trata, recalcó barcesat, de “relatos ficcional con grados de credibilidad por parte de la Corte Suprema de Justicia, que no emite un pronunciamiento aleccionador” para que no se multipliquen causas sin fundamentos y con intenciones de erosionar liderazgos políticoa. “Como la de los denominados cuadernos”, ejemplificó.
El abogado destacó que es un escenario repetido que no sólo perjudica a las víctimas directas sino a la misma institucionalidad. “Se ha perdido el deber de obediencia a la supremacía constitucional”, que incluye los tratados internacionales sobre derechos ratificados por la Nación, varios de ellos incluídos en la reforma constitucional de 1994. “Entre ellos, la idoneidad, independencioa, imparcialidad y competencia” de la justicia, completó. Y señaló que la que opera “en (los tribunales federales de) Comodoro Py y en la Corte Suprema, en su mayoría, no cumple con ninguno de esos requisitos”.
“Es raro que haya que celebrar algo que en todo caso tendría que motivar una acción civil por daños y perjuicios de la damnificada”, cerró Barcesat sobre la anormalidad del funcionamiento judicial en el país.
