Cada año, el primer sábado de mayo, las principales plazas se convierten en lugares de reunión y manifestación ciudadana para destacar y dar a conocer los problemas que acarrean las leyes de drogas actuales en Argentina y la mayoría de los países. En Rosario, tendrá lugar el sábado 6 de mayo a las 13:00 en la Plaza San Martín, seguida de una marcha a las 17:00 hacia el parque frente al Monumento a la Bandera

Por Diego Fiori

La Marcha por el Millón de Porros (MMM Rosario 2023) está en plena organización en todos los rincones del mundo. El primer sábado de mayo de cada año las principales plazas son el espacio de concentración y marcha de la ciudadanía para exponer y visibilizar la problemática acarreada por las leyes de drogas vigentes en Argentina y la mayoría de los países. En Rosario la concentración será el sábado 6 de mayo desde las 13 en la plaza San Martín y a las 17 la marcha hasta el parque frente al Monumento a la Bandera. 

Las leyes actuales, como la 23.737 y las políticas implementadas con eje en el prohibicionismo tuvieron efectos visibles en un combo que se resume con un grupo de palabras: dinero, poder, terror, muertes, lavado, puertos, fuerzas de seguridad, justicia, ganancias. 

Fue el escenario perfecto para que gran cantidad de pseudo empresarios desplegaran sus estratégias y pudieran recaudar millones de dólares. Negocios vinculados al contrabando internacional y la venta de drogas promoviendo que otra rama de las economías ilegales tenga uno de los desarrollos más importantes en las últimas décadas. 

Sorprende la mega arquitectura del negocio. Cadena de países, puertos y fronteras involucrados. Un sistema administrativo, financiero y de seguridad que lentamente se va conociendo a medida que la Justicia investiga y condena a los eslabones superiores del negocio del narcotráfico. Evidencia estructural el asesoramiento de profesionales de la abogacía, la contabilidad, la economía, la escribanía, incluso empresarios, y el uso de financieras, mutuales y bancos para el lavado. Y la clave complicidad de las fuerzas de seguridad por la que una pequeña muestra está condenada o procesada o sospechada. 

El negocio de las economías ilegales genera desestabilización y planta terror para anclarse y crecer. En Argentina se da el mismo proceso, y Rosario es uno de los escenarios de esa violencia urbana generada. Cientos y cientos de homicidios que no saben de género o edades, robos, arrebatos, aprietes, ajustes de cuentas y tantos elementos que configuran el terror en las calles. Miedos y angustias por casos inentendibles y por ello resonantes.

Esta síntesis, evidencia que la ley 23.737 y las políticas sobre drogas construyen un escenario amplio de oscuridad, confusión y estigmatización que está siendo criticado por antropólogos, criminólogos, politólogos, legisladores, profesionales de la salud y el movimiento cannábico. Esa crítica es más amplia y profunda si se analiza la problemática con el ojo puesto en las calles de los barrios rosarinos. 

La antropóloga e investigadora del CONICET Florencia Corbelle, ha reflexionado sobre los efectos de la estigmatización de manera transversal alcanzando a todos los actores vinculados al uso de la cannabis sativa. También ahondó sobre el plexo legal vigente en Argentina, en la publicación La ley de drogas en números: sobre la pretendida lucha contra el narcotráfico dijo que ‘las propuestas alternativas y las críticas a las actuales políticas de drogas desde una perspectiva de derechos humanos se instalaron en ámbitos regionales e internacionales, generando importantes consensos y debates. En pocas palabras, la postura compartida se fundó en el común acuerdo de que la implementación y monitoreo de las convenciones de drogas no podía ignorar las obligaciones asumidas por los estados en otras áreas’. 

En el contexto de las tres décadas de la vigencia de la ley 23.737 en el Senado de la Nación, el abogado y profesor universitario Ariel Cejas Meliare señaló que el modelo de políticas de drogas en América Latina afecta los Derechos Humanos de la población en general y en particular a las mujeres y al colectivo LGBT+. Sostuvo que estas políticas de drogas producen más criminalización, mayor encarcelamiento, aumento de la sobrepoblación y afectación de las familias de las personas encarceladas. 

Sobre Argentina indicó que los datos recientes publicados por el Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC), señalan que el 67% de los casos de infracción a la ley de drogas registrados en el país durante 2019, fueron por tenencia simple para uso personal (54%), tenencia simple de estupefacientes (12%) y tenencia o entrega atenuada de estupefacientes (1,3%).  En simultáneo, los delitos contra el narcotráfico a gran escala -contrabando, organización y financiación de estupefacientes- no alcanzaron el 1 % de las denuncias. La evolución de la persecución penal sobre estos delitos en los últimos dos años fue de +147% para tenencia simple atenuada (uso personal); +48% por tenencia simple y +396% para tenencia o entrega atenuada.  En tanto que fue de +46% para comercialización y entrega; -60% por contrabando y +110% por organización y financiación.

Asimismo, resaltó que 4 de cada 10 personas privadas de la libertad se encuentran encarceladas por infracción a la ley 23.737.  También se refirió a la situación legal de las personas detenidas por drogas indicando que el 61% se encuentran procesadas y el 39% condenada.  Esta sobrerrepresentación de personas sin condena firme evidencia otra de las múltiples vulneraciones a los derechos que padecen por el delito de drogas. 

El movimiento cannábico rosarino desde 1999 continúa exigiendo la legalización de la planta cannabis sativa para el uso adulto. Derogar la ley 23.737 y debatir una nueva legislación. Indultar a los usuarios procesados o presos por cannabis. Reorientar las políticas de drogas. Contemplar programas de reducción de daños y la asistencia médica, psicológica o terapéutica a quienes lo demanden. 

La esencia colectiva, transversal y popular unieron fuerzas en la movilización y promoción de debates públicos y legislativos que llevó, a que en Argentina, se aprobaran un puñado de leyes que legitiman esos reclamos de legalización. Principalmente impulsada por las madres cultivadoras ante los beneficios y calidad de vida que reciben sus hijos, permitiendo plantar debates y así abrir el conocimiento respecto a otros usos adultos de la planta cannabis sativa. 

En el camino de develar, se destaca que en el último lustro, con esas primeras leyes de 2016 en Santa Fe, en 2018 y 2022 a nivel Nacional, permitieron cultivar para usos medicinales, terapéuticos, industriales y fundamental, para la investigación y el desarrollo. Este último aspecto se vió reflejado en la apertura de programas provinciales, municipales la puesta en acción de áreas como el INTA, el INASE y el INTI y oferta de diplomaturas, servicios de cromatografía, asesoramientos, como también los cultivos e investigaciones de la Universidad de Rosario y la mayoría de las unidades de la red universitaria federal de manera autónoma o junto al CONICET. Hay cientos de proyectos de investigación científica en desarrollo a lo largo del país. Esas leyes mencionadas permitieron a la ciencia preguntarse y responder sobre algo tabú, algo que ya no está prohibido. 

Próximamente mapa de los desarrollos y proyectos científicos sobre cannabis de Rosario y el país.