Lo aseguró el presidente de la asociación, Gervasio Muñoz, en relación a la posibilidad que analiza el Gobierno de suspender la Ley de alquileres
El lunes pasado, el presidente, Alberto Fernández, y el ministro de Economía, Sergio Massa, analizaron en reunión la posibilidad de suspender la vigencia de la ley de Alquileres. La Ley 27.551 fue sancionada en junio de 2020, en el Senado, y entró en vigencia un mes después. A menos de dos años de su puesta en vigor, el resultado fue un aumento del precio de las locaciones a causa de una contracción de la oferta de inmuebles. Organizaciones de inquilinos e inquilinas denuncian que los alquileres están dolarizados y que, hasta tanto no se sancione una nueva normativa, la ley 27.551 debe seguir vigente.
El presidente de la Federación de Inquilinos Nacional, Gervasio Muñoz, dialogó con La Marca de la Almohada sobre la posibilidad que analiza el Gobierno de suspender la ley vigente y sobre el mercado inmobiliario actual.
El representante señaló que la manera de salir de la crisis habitacional es “con una política de vivienda real, integral, que no sea sólo el sorteo de cinco casas por mes o el sueño de la casa propia”. Y agregó: “Si después no hay Ministerio de hábitat que controle su cumplimiento, seguiremos alquilando como dice el mercado, que es lo que sucede hoy”.
También descartó la posibilidad de que vuelva a entrar en vigencia la regulación previa a la ley de alquileres del 2020: “No hay chances. No se puede suspender una ley por decreto y que vuelva la anterior”. En esa línea, declaró que debería existir una nueva ley “con contratos mucho más largos que tres años. Que los impuestos estén a cargo de los propietarios. El Estado debería exigir por decreto cuánto deben aumentar los precios de los alquileres”.
En relación a la situación que lleva a que los propietarios prefieran mantener sus inmuebles en venta y desocupados, indicó que es un problema global: “No tiene que ver con la ley de alquileres, sino con un nuevo mercado inmobiliario que se viene desarrollando en Argentina y en el mundo, donde quienes construyen son sectores económicos muy poderosos. Construyen para dolarizar excedente en pesos, para revalorizar estas viviendas en dólares”.
“Hay que organizarse y tratar de que el Estado tenga un rol mucho más activo en defensa de la vivienda para los inquilinos y no en defensa de los desarrolladores inmobiliarios”, finalizó.
