Hugo Acero es sociólogo y fue secretario de Seguridad de la ciudad de Bogotá, y con su experiencia describió la violencia con la que operan las organizaciones delictivas complejas. Es un fenómeno, dijo, transnacional y con alta capacidad de corrupción de las esferas públicas. Señaló que su abordaje requiere gran inversión y debe priorizar la inteligencia y la investigación criminal
Más policías. Es el reclamo reiterado ante la violencia desbordada en las grandes urbes como Rosario, pero si un alto porcentaje de los asesinatos está vinculado al narcotráfico, un fenómeno complejo, no alcanza ni mucho menos con saturar las calles de efectivos de seguridad, sobre todo pertenecientes a instituciones atravesadas por la corrupción. Ese es uno de los llamados a evitar simplificaciones que hizo Hugo Acero en comunicación con Apuntes y Resumen.
Sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en violencia urbana y ciudadana, convivencia y manejo de crisis, Acero fue durante año y medio el encargado del área de seguridad de la capital colombiana bajo la administración de Claudia López.
El fenómeno del narcotráfico es un problema regional en América latina y Central, tiene despliegue transnacional y por ello algunas similitudes entre los países afectados, aunque con características propias de cada lugar y abordajes deseables también diferentes.
Afecta tanto a los países productores de sustancias prohibidas, como Colombia, Perú y Bolivia, como a los grandes mercados de consumo, tal el caso de Estados Unidos y las naciones europeas, como a los territorios en los que se por su ubicación clave se combinan mercado interno y ruta más salida hacia los internacionales. Y ahí, es un diagnóstico compartido, figura la Argentina, con Rosario como punto estratégico por sus vías de comunicación y los puertos sobre el río Paraná.
¿Es lícito, como hizo el ex ministro de Seguridad de Santa Fe Rubén Rimoldi, comparar algunas lógicas criminales asociadas al narcotráfico de Rosario con las de Colombia? “Tenemos situaciones similares, vinculadas también a sus negocios colaterales, como el sicariato, las amenazas extorsivas, la venta ilegal de armas, hechos que suelen ser comunes en el crimen organizado de todas las latitudes”, concedió el sociólogo.
Regionalización de sustancias y violencia
Sin entrar en detalles sobre el impactante primer caso en la ciudad de un asesinato con víctima elegida al azar para utilizarla como “sobre” de mensaje mafioso, Acero insistió en marcar una emergencia criminal que no reconoce fronteras ni comparación con los delitos tradicionales. “Ya no sólo (es un dato relevante) en Colombia, Perú y Bolivia, como países productores de drogas ilícitas, sino a otros donde se ha trasladado para consumo y como salida, básicamente por sus puertos, hacia los mercados de Estados Unidos, Europa, África e inclusive Asia”, describió. Y completó que con ese despliegue geográfico, se trasladan también los mecanismos de la violencia.
“La comparación de situaciones entre territorios es común. Por ejemplo, se habló de colombianización en México, y en parte se debe a las características transnacionales del narcotráfico, que se ha convertido en un problema regional”, reconoció el especialista.
La especificidad de esas redes criminales, y su extensión geográfica, enfatizó Acero, requieren además un abordaje extraordinario. “En Colombia se decidió fortalecer particularmente la investigación criminal, tanto de la policía como de la justicia, con inteligencia, porque no basta con tener más policías”. Ese camino, avisó, requiere de altas inversiones por parte de los Estados, de una capacitación mayor de los agentes públicos involucrados y de un tratamiento integral.
Se trata, en esa línea y según el experto, de desarticular los grupos no sólo en sus estructuras de los mandos altos y medios de comercialización y violencia, sino sobre todo en las de finanzas, los circuitos del dinero, del blanqueo, el punto en el que más daño se les puede infringir. Además, porque la extraordinaria rentabilidad de esos negocios ilegales les da a las organizaciones criminales una alta capacidad de corrupción no sólo de las fuerzas de seguridad sino de la justicia y de los sistemas políticos.
Como crimen organizado y complejo, volvió sobre el tema, “hay que enfrentarlo desde el Estado en su conjunto, porque no es un tema de la policía”. Ni siquiera basta la articulación de programas y planes nacionales. Mencionó el ejemplo de Ecuador, que hizo alianzas estratégicas con naciones productoras, como Colombia y Perú, y de grandes mercados consumidores, como Estados Unidos.
¿Grupos especiales?
Uno de los datos en el escenario de comercio y violencia narco es la facilidad con la que penetra en las fuerzas de seguridad su capacidad de comprar protección y, en no pocos casos, armar verdaderas sociedades en el negocio ilegal. Acero recordó que en Colombia se apostó entre otras estrategias a la formación de “grupos especiales muy entrenados y capacitados, con recursos, que puedan enfrentar a estas redes y que estén blindados a las ofertas de corrupción”.
En paralelo, el sociólogo colombiano resaltó la necesidad de enfrentar el problema desde varios frentes, lo que requiere un “esfuerzo de inversión social que involucra a las administraciones nacionales y las locales para reducir tanto el consumo de sustancias como las tentación de involucrarse con las economías delictivas”, sobre todo, de jóvenes de los barrios vulnerados de las grandes urbes.
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