Tras la fallida sesión en el Concejo Municipal, los bloques de Ciudad Futura y La Libertad Avanza formalizaron presentaciones judiciales para detener las obras en la Rambla Catalunya, denunciando falta de transparencia y ausencia de participación ciudadana. En “Apuntes y Resumen”, la Columna de Ambiente de Jorgelina Hiba.
El conflicto por la construcción de un parque acuático en la zona norte de Rosario ha escalado hasta los Tribunales Provinciales tras la presentación simultánea de dos nuevos recursos de amparo por parte de la oposición. El concejal Juan Pedro Aleart (La Libertad Avanza) y su par Juan Monteverde (Ciudad Futura) acudieron a la justicia para solicitar la suspensión inmediata de las obras hasta que se esclarezcan diversas irregularidades.
En su columna de ambiente en “Apuntes y Resumen” de Radio UNR con Jorgelina Hiba se abordaron estas acciones legales que se suman a una medida cautelar previa de vecinos y a un amparo presentado por la Asociación de Guías de Kayak, consolidando un frente judicial que busca frenar el avance del proyecto oficialista en un espacio considerado público y patrimonial por los ciudadanos.
JUNTOS PERO SEPARADOS. Los argumentos de los legisladores, aunque coinciden en el pedido de frenar la obra, presentan matices distintos según sus perfiles políticos.
Por un lado, Aleart pone el foco en la falta de transparencia, cuestionando los tiempos de la licitación, el acceso a la información pública y el origen de los fondos para los trabajos actuales.
Por su parte, Monteverde denuncia la ilegalidad del proyecto por ir en contra de normativas vigentes, haciendo hincapié en la falta de participación ciudadana previa y en el potencial impacto ambiental, citando garantías establecidas en la Constitución y en el Tratado de Escazú. Ambos coinciden en que el Ejecutivo local ha avanzado de forma inconsulta, ignorando las instancias institucionales de control.
MODELO DE CIUDAD. Más allá de la disputa administrativa, el debate en torno al parque acuático sintetiza una discusión profunda sobre el modelo de ciudad y quién decide sobre el uso del espacio público gratuito. Mientras figuras como el senador Marcelo Lewandowski han minimizado la relevancia de dedicar tiempo a este tema frente a otras urgencias sociales, los activistas y diversos sectores de la comunidad sostienen que se trata de una defensa genuina de la Rambla pública frente a decisiones que consideran agresivas y privatizadoras.
Con más de 13,000 firmas recolectadas y una movilización social creciente, la justicia deberá ahora determinar si el proyecto municipal respeta los derechos de los ciudadanos o si se trata de una medida que vulnera el acceso libre al horizonte rosarino.