Trabajadores denuncian maniobras de vaciamiento, precarización laboral y una audiencia clave este viernes por Zoom. La planta de Clason opera al mínimo mientras se acumulan deudas y productos sin distribuir

La histórica empresa santafesina Lácteos Verónica, con más de 90 años de trayectoria en el sector alimenticio argentino, enfrenta una de las peores crisis de su historia. Con más de 700 puestos de trabajo en riesgo, la situación en sus plantas ha encendido alarmas entre trabajadores, gremios y legisladores provinciales.

El conflicto escaló en las últimas semanas con la denuncia de salarios impagos, falta de cobertura médica, aportes no realizados y una acumulación de 1.208 cheques rechazados por un valor superior a los 4.000 millones de pesos desde fines de 2023. A pesar de que la empresa mantiene parte de su producción, las condiciones laborales y financieras deterioradas generan un panorama de alta incertidumbre.

La semana pasada, un grupo de empleados de la firma participó de una reunión de la comisión de Asuntos Laborales de la Legislatura santafesina. Allí expusieron ante los diputados las condiciones críticas que atraviesan y solicitaron el acompañamiento del Estado provincial ante lo que consideran un posible vaciamiento empresarial.

En declaraciones a La Marca de la Almohada, Sergio Polidoro, trabajador de la planta de Clason y delegado gremial de Atilra, detalló la situación desde el interior de la fábrica: “Somos 680 trabajadores en riesgo. Estamos haciendo retención de crédito laboral, trabajando 4 horas por turno para no perder la cadena y cuidar la poca materia prima que entra”.

Según Polidoro, incluso durante esas horas de producción mínima, la falta de insumos es constante. “Se le debe a proveedores, y los productores tampoco entregan leche porque la deuda se agranda día a día”, afirmó. En ese marco, el delegado apuntó directamente a la conducción empresarial: “Desde Verónica se están aprovechando del contexto de crisis económica”.

El dirigente gremial también señaló un dato que desnuda la contradicción entre el supuesto ahogo financiero y la capacidad productiva: hay 600 mil litros de leche envasada sin distribuir en los depósitos, debido a una deuda con los transportistas. “La demanda se mantiene, pero la mercadería no se entrega. Esto muestra que la crisis es fabricada, no real. Buscan seguir produciendo con una mano de obra a mitad de costo”, denunció.

Además de la retención parcial de tareas, los trabajadores están en estado de alerta ante la posibilidad de despidos masivos. “Quieren despedir al 30% del personal, caerse del convenio colectivo y negociar condiciones por fuera del acuerdo vigente”, sostuvo Polidoro.

Uno de los aspectos que generó mayor indignación entre los empleados es el tratamiento que el caso recibe desde el gobierno nacional. Este viernes tendrán una audiencia convocada por la Secretaría de Trabajo, pero no de manera presencial: será vía Zoom. “Nos sorprende que se trate así un conflicto que afecta a cientos de familias. Parece que buscan diluir la gravedad de la situación”, señaló Polidoro.

El diputado provincial Carlos Del Frade, presente en la reunión legislativa, advirtió que la audiencia puede tener consecuencias drásticas. “El viernes convocan a los trabajadores por Zoom al anuncio que les harán desde la Secretaría de Trabajo de la Nación, que dejarán 200 familias santafesinas en la calle”, alertó.

En cuanto a los pagos salariales, la situación es crítica. “Nos adeudan el 30% del sueldo de mayo, la totalidad del salario de junio y ni hablar del aguinaldo”, enumeró Polidoro. Los trabajadores aseguran que no hay comunicación clara ni compromiso firme de la empresa para regularizar los haberes atrasados.

El gremio Atilra declaró el estado de alerta y no descarta profundizar las medidas si no se encuentra una solución urgente. En tanto, desde el sector político se espera que la provincia intervenga activamente para evitar despidos masivos y exigir a Nación una instancia de resolución más seria.