Organizado por el Sindicato de Prensa Rosario y la Universidad Nacional de Rosario se llevó adelante un conversatorio sobre la actualidad de la prensa en el marco de la conmemoración de un nuevo Día del Periodista. El abogado y profesor Damián Loretti junto a la abogada y legisladora porteña Graciana Peñafort, ambos redactores de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual hicieron un retrato de la actualidad de la libertad de expresión hoy en el país.

En el marco de la semana en la que se conmemora el Día del Periodista y organizado por el Sindicato de Prensa Rosario y la Universidad Nacional de Rosario, se desarrolló un conversatorio a cargo de la abogada y legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, Graciana Peñafort, y el abogado y docente universitario Damián Loretti, ambos redactores de la Ley de Comunicación Audiovisual Nº 26.552 aprobada en 2009. En la sede de la UNR y en un salón poblado de trabajadores de prensa y estudiantes de la Licenciatura en Comunicación Social y distintos institutos terciarios de Periodismo, se debatió durante dos horas sobre la actualidad del oficio, la libertad de expresión y el derecho a la información en el gobierno de Javier Milei.

En ese marco, la abogada Graciana Peñafort consideró que “hablar de periodismo hoy en el país es hablar de una situación de guerra como la ocurrida en Kosovo, y es así porque tengo la sensación de que el ejercicio de la actividad está atravesando un momento muy delicado en el país, especialmente cuando hablamos de la libertad de expresión”.

“Tengo la sensación de que la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo como una manifestación de esa libertad está en peligro por cosas tan simples como el retiro de la pauta publicitaria por parte del gobierno nacional y otras tan graves como el condicionamiento a la prensa, a tal punto que hay periodistas que reciben las preguntas que deben hacerle a los funcionarios, y eso es contrario a la lógica del periodismo que tiene que ver más con la verdad que con las operaciones de prensa”, agregó la legisladora de la Ciudad de Buenos Aires.

En otra parte de su alocución, Peñafort sostuvo que “hoy está en peligro el oficio además por la falta de concursos para nuevas licencias de radiodifusión e incluso para sostener las que se han otorgado precisamente por la falta de la pauta publicitaria oficial”.

Además, dijo la legisladora, “como pocas veces se ha visto en este país, en este momento hay ataques a quienes ejercen el periodismo”. Y en ese sentido mencionó lo ocurrido con el periodista del diario La Nación Hugo Alconada Mon, a quien amenazaron, intentaron hackearle sus redes sociales e incluso le inventaron una cuenta en páginas de contenido erótico después de que diera a conocer una filtración de la Comisión Bicameral de Inteligencia del Senado de la Nación en la cual se hacía referencia a una disposición del gobierno de Milei “autorizando a los organismos de inteligencia a la persecución y el control de la comunicación de aquellos periodistas que cuestionaran la veracidad del relato estatal”.

“Esto es muy preocupante porque veo que desde el gobierno nacional y sus funcionarios hay una incentivación a los discursos de odio contra los periodistas”, dijo Peñafot. Y agregó: “Javier Milei ganó la presidencia con el esquema de las nuevas derechas que consiste en la generación de un enemigo al que atacar. Y lo hizo en una sociedad como la argentina que está enojada y en la que su posición tuvo eco. En un primer momento el enemigo elegido fue la casta, pero el problema es que para gobernar Milei necesita de esa casta y por eso tuvo que buscar otro enemigo. Y ese nuevo enemigo son los periodistas y los medios de comunicación. En ese marco construyó un discurso de odio en relación a su nuevo enemigo que, a diferencia de la casta, no cuenta con seguridad ni contención que los defienda. Y estoy preocupada por eso porque deriva en hechos de violencia como el que sufrió Roberto Navarro, de El Destape, que fue golpeado en la nuca por un señor en un café de Buenos Aires que lo llevó a estar dos días hospitalizado”.

Peñafort expresó que “hay una naturalización de las agresiones a los periodistas porque el discurso de odio que baja desde el gobierno nacional legitima las conductas que luego vemos en la calle como las agresiones de los miércoles en la Plaza de los dos Congresos durante la marcha de los jubilados a los trabajadores de prensa”.

¿Qué podemos hacer al respecto?, se preguntó la abogada, y en su intento de buscar una respuesta argumentó: “Más allá de la voluntad de los legisladores por ponerle un freno a este discurso hay un mecanismo supralegal que de algún modo sancionaría ese discurso”. Pero, ¿por qué no se avanza con eso? “Fundamentalmente porque el artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica especifica que no se censuren previamente las expresiones, es decir cuáles son los límites de la regulación de esos discursos”.

Finalmente la legisladora manifestó que “así como este gobierno y sus antecesores hicieron uso del lawfare contra el gobierno kirchnerista y la casta, ahora usan esas herramientas del derecho penal contra los periodistas y echan mano a los delitos de injuria y calumnia que desde 2009 fueron excluidos para aquellos que opinaran de funcionarios públicos en su función de comunicadores. De esta manera la derecha elige enemigos para odiar y estas estrategias de ataque vulneran un derecho sistémico como lo es la libertad de expresión que es indisoluble del sistema democrático”.

A su turno, Damián Loretti expresó que “el periodismo y la libertad de expresión están en una grave situación producto de que las empresas son propiedad de unos señores que se transformaron en los dueños de lo que se llaman nuevas plazas públicas, y eso significó un vaciamiento económico del sistema mediático poniendo en vilo un montón de fuentes de trabajo, un montón de fuentes periodísticas plurales y la existencia misma de la libertad de expresión en un sistema de plazas privatizadas”.

Asimismo, el redactor de la Ley de Comunicación Audiovisual hizo referencia al “desfinanciamiento del cine, los libros, las bibliotecas, la salud, los medios comunitarios y otras áreas como el sistema científico y universitario en lo que es un verdadero avasallamiento que atenta contra la búsqueda de verdades científicas y periodísticas y la verdad de cada uno en el marco de la libertad de expresión”.

En ese marco Loretti hizo referencia a un ránking anual que lleva adelante la ONG Reporteros Sin Fronteras, el cual indica que la República Argentina bajó el año pasado 34 escalones en el tema libertad de expresión mientras este año bajó 14 más. ¿Qué implica ésto? “Que estamos ante un problema sistémico muy grave”, dijo el abogado y docente universitario. Y agregó: “La Relatoría de Libertad de Expresión que depende de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su capítulo dedicado a la Argentina en 2024, manifestó que en el país se registró un deterioro marcado en el derecho a la libertad de expresión reflejado en la baja tolerancia del Poder Ejecutivo de la Nación a las críticas y los procesos deliberativos. Y en ese marco se registraron discursos estigmatizantes en palabras de altos funcionarios del Estado contra los medios de comunicación y de determinados periodistas. Asimismo se notó en el marco del ejercicio del derecho a la protesta por parte de organizaciones sociales y políticas opositoras al gobierno declaraciones oficiales que tienden a desincentivar la libertad de expresión y exaltando la represión policial. En muchas de esas movilizaciones se registraron ataques a trabajadores de prensa”.

Loretti también hizo referencia al debate que “años atrás se hizo para aprobar la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y el órgano de control y aplicación que la norma disponía y que estaba integrado por dos representantes del Poder Ejecutivo, tres del Congreso Nacional (uno por cada una de las primeras minorías) y dos personas elegidas por un Consejo Federal. Pero el gobierno de Mauricio Macri, que puso en suspenso esa ley, cambió con un DNU la conformación del órgano y dispuso que haya 4 representantes del Ejecutivo y 3 del Congreso. Mientras que Milei directamente intervino ese órgano de control y nadie se pone colorado porque el organismo no cumple con su función mientras en 2009 pedían que el mismo no esté bajo la órbita del Ejecutivo”.

Finalmente, Loretti dijo que “esa intervención está en manos de la misma persona que tiene a su cargo la agencia de noticias Télam, y el sistema de Radio y Televisión Argentina que incluye el canal de televisión estatal, Radio Nacional y sus 49 repetidoras, más Paka Paka, más DeporTV, más Cine.ar, más Canal Encuentro. Y eso en términos de institucionalidad democrática y no sólo comunicacional es una situación catastrófica”.