El Gobierno nacional dejó trascender que pausará la vigencia de la norma, pero no oficializó la decisión. Desde posturas encontradas, representantes de los locatarios y los intermediarios en los contratos destacaron que se ingresa en un período de indefiniciones

Fuentes de la Casa Rosada dieron por un hecho la decisión de modificar la actual ley de alquileres, que rige desde junio de 2020, pero sin ninguna precisión sobre el futuro de la regulación de los contratos entre locadores y locatarios. Las versiones oficiales aluden a la necesidad de cambiar la legislación actual a causa de los inconvenientes que causa en un escenario de inflación disparada. Por el momento, ni siquiera está claro si se resolverá una “suspensión” de la norma o una más compleja derogación, que debería tratar el Congreso.

Puntosd centrales de la ley 27.551 ahora en veremos son la extensión de los contratos a un mínimo de tres años y la actualización anual de los montos mensuales en función de un índice que combina inflación y evolución salarial promedio. Las incesantes subas de precios al consumidor hicieron que, desde que la norma está vigente, julio de 2020, el costo del alquiler se haya incrementado un 245%.

Apuntes y Resumen consultó la repercusión del trascendido –todavía no un anuncio– con referentes de dos de los tres actores involucrados: Ariel D’Orazio, coordinador del Consejo Asesor de Vivienda en la Oficina del Consumidor, que depende del Concejo Municipal, y José Ellena, presidente de la Cámara de Empresas Inmobiliarias de Rosario. Cada uno desde intereses divergentes, coincidieron en que la indefinición sobre el futuro de la ley perjudica a sus representados.

Para Ellena, las novedades son, “desde todo punto de vista”, negativas. El empresario inmobiliario admitió que no es sorpresa la voluntad oficial de modificar la ley, pero marcó que de ahora en más se ingresa a un terreno pantanoso en cuanto a lo que ocurrirá con los contratos vigentes. Legalmente, siguen bajo la norma bajo la que se firmaron, pero la falta de precisiones siembra incertidumbre.

El representante de las inmobiliarias insistió en las objeciones que en su momento cursaron a la ley, referidas a sus puntos centrales y la advertencia autocumplida de que los propietarios retirarían unidades en la oferta con lo cual los precios de los alquileres, “en algunos casos”, experimentaron una “suba desmedida”.

D’Orazio cuestionó el argumento de los intermediarios de la “baja rentabilidad” de la renta inmobiliaria como un “invento”, y cifró el problema en la concentración del negocio alrededor de los alquileres.

La norma, aunque en rigor estipula un marco legal para contratos individuales, incide y versa sobre un problema social: el déficit habitacional y la desigualdad en el derecho de acceso al techo propio. Además, señaló que el “fracaso” de la norma que ahora se quiere reemplazar no hay que buscarlo en los aspectos que redujeron los abusos de propietarios e inmobiliarias sino en el escenario macroeconómico, marcado por una aceleración inflacionaria que disparó los índices combinados de actualización –del 92,5% para abril– y con ello posicionó los valores de los alquileres en niveles impagables para un trabajador asalariado y su familia. Incluso, cuando los aumentos queden por debajo de la inflación interanual en idénticos períodos.

El coordinador del Consejo Asesor de Vivienda expuso el temor de que, en lo inmediato, haya una “marcha atrás con algunas ventajas para los inquilinos” de la ley vigente, como “los contratos de tres años, las actualizaciones anuales contra la pretensión de acuerdos con mayor frecuencia, o el pago de tasas e impouestos que gravan la propiedad a cargo del propietario, al igual que las expensas no habituales”.