Lo dijo Agustina Rossi, referente del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) tras el cierre de 13 programas destinados a asistir a las mujeres víctimas de violencia por parte del gobierno de Javier Milei. “Se podrían haber repensado o replanteado las políticas públicas antes de proceder al desmantelamiento de todo lo hecho hasta el momento”, sostuvo.

“Por primera vez en 40 años no tenemos ningún organismo nacional que rija las políticas de género”, dijo Agustina Rossi, integrante del área de políticas y violencias del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA). Las declaraciones de la especialista tienen que ver con el desmantelamiento por parte del gobierno nacional de 13 programas que llevaba adelante el extinto Ministerio de las Mujeres y que dejan sin cobertura ni asistencia a un amplio sector de la población vulnerable de nuestro país bajo el argumento de que “eran programas de contenido ideológico sin evaluación ni control alguno”.

“Muchos de estos programas, como toda política pública, podían ser revisados, reformulados o incluso cuestionados. Pero nacieron para dar respuesta a un problema concreto y persistente: la violencia hacia las mujeres por razones de género, que requiere una intervención integral del Estado para poder dar una respuesta real y efectiva a las distintas formas en que se expresa”, dijo Rossi. Y agregó: “Cada Gobierno tiene la potestad de revisar la forma en que organiza los organismos del Estado, y de reorganizar o repensar las políticas públicas, en función de lo considere más adecuado. Sin embargo, en este caso, lo que vemos con preocupación es que lo único que hay es desmantelamiento de todas las herramientas que se habían creado sin presentar ninguna otra propuesta”.

“El gobierno ratificó lo que nosotros ya habíamos advertido tiempo atrás, que es el desmantelamiento de todas las políticas integrales para atender las desigualdades y los derechos de género”, agregó Rossi y recordó que “muchos de esos programas ya estaban totalmente desfinanciados según el monitoreo que nosotros hacemos desde ELA, eran políticas que ya no se aplicaban por tener presupuestos casi nulos, o porque lo tenían pero no eran ejecutados o eran directamente cerrados, algo de lo que nos enterábamos cuando alguna mujer iba a solicitarlo y le decían que ya no operaba”.

En diálogo con La Marca de la Almohada, la especialista contó que “ésto es una política establecida a comienzos de 2024, cuando se cerró el Ministerio de las Mujeres y fue reducido a una Subsecretaría para después eliminarla por completo. Así, por primera vez en 40 años no tenemos ningún organismo nacional rector de políticas de género”.

Rossi explicó que desde la perspectiva de ELA “entendemos que las políticas de género deben tener un abordaje integral para llegar a quienes las requieran antes de que los hechos ocurran, algo contrario a la idea que tiene este gobierno bajo el lema el que las hace las paga. Pero si hacemos eso llegamos tarde, cuando el hecho ya ocurrió y por eso que apostamos a una política más integral, a tratar de mejorar las condiciones de vida de las mujeres y las personas LGBTQ+ para lograr que tengan independencia económica, acceso a la salud, a un empleo, a sus derechos”.

A la hora de hablar de los programas cerrados, la experta de ELA comentó que “todos los programas abordaban desde distintos ángulos los problemas de las desigualdades, como por ejemplo el Programa Menstruar, que buscaba que niñas, adolescentes y mujeres que no tienen capacidad económica para acceder a las tohallitas higiénicas accedieran a ellas y no tuvieran que faltar a la escuela o al trabajo los días en que están indispuestas”. Al respecto de otro de los 13 programas eliminados mencionó el Generar, que “tendía a fortalecer económicamente las áreas de género de municipios y comunas para que pudiesen atender los problemas de género en pequeñas localidades sin recursos propios” y como ese, “muchos programas de formación, de apoyo económico con maquinarias o incentivos para que las mujeres lleven adelante distintos emprendimientos y así obtener su independencia económica”.

“La preocupación no es solo nuestra. En su informe anual 2024, publicado hace pocos días, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió que la reestructuración del Estado iniciada en diciembre de 2023 ha debilitado gravemente la institucionalidad en materia de género y señaló con alarma que las autoridades niegan públicamente la existencia de la violencia de género, enviando un mensaje deslegitimador que puede habilitar su reproducción”, comentó la especialista de ELA. Y sostuvo que “el anuncio del gobierno confirma esa tendencia: la negación de una problemática sobre la que el Estado tiene obligaciones claras e indelegables. Mientras el Gobierno insiste en que los datos muestran una baja en los casos, la realidad evidencia otra cosa: no hay plan, no hay estrategia, y no hay respuestas para las mujeres, adolescentes y niñas que lo necesitan”.

Finalmente, Rossi dijo que “si el gobierno cree que no era por ahí, podría ser una mirada válida. Pero, ¿cuál es entonces la propuesta para cumplir con la obligación de prevenir y proteger a las mujeres frente a la violencia de género? Es cierto que la sociedad evolucionó mucho en las últimas décadas y no vivimos de la misma manera que nuestras abuelas o nuestras madres; muchísimas cosas cambiaron en relación a la igualdad de género en nuestro país. Sin embargo, todavía tenemos muchas cosas por mejorar y no podemos desconocer que la violencia hacia las mujeres por razones de género sigue existiendo. Basta con mirar los datos sobre violencia sexual y la violencia en las parejas. Negarla no la elimina. Solo agrava sus consecuencias”.