Las 43 personas imputadas por los incendios en el delta de río Paraná fueron sobreseídos de sus cargos. Fabián Maggi, abogado ambientalista dialogó con Apuntes y Resumen y brindó detalles de los pasos a seguir para que no caiga la causa. “Si es necesario recurriremos a la Corte Suprema o a la CIDH si es necesario”, dijo.

El fiscal federal Claudio Kishimoto, a cargo de la investigación sobre los incendios en las islas de Entre Ríos apeló la resolución de la justicia entrerriana de sobreseer a las 43 personas imputadas en la causa y que marcaba la responsabilidad de los hechos.

Fabián Maggi, abogado y representante legal de la Asociación Cuenca del río Paraná e integrante de Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas dialogó con Radio UNR y dijo que “es notable la arbitrariedad del juez Daniel Alonso del Juzgado Federal N°1 y la falta de profundidad en la investigación, esos sobreseimientos no están firmes porque serán revisados por la Cámara”.

“Profundizar la investigación es hacerlo sobre los funcionarios públicos que están abocados a controlar la calidad ambiental del Delta y también a los empresarios imputados. Hay que investigar el daño agravado que significa las canalizaciones y terraplenes que estos empresarios construyeron”, dijo el abogado.

Para el letrado “el poder judicial no puede estar embarcado en un clima de época, por eso existe la división de poderes. Debe atender a las razones normativas y eso es lo que no ha sucedido en este caso”.

Según su análisis “el delito doloso de estrago por incendio es de difícil comprobación, pero existe la figura culposa de este delito y ahí se ve la falla del juez Alonso”, subrayó.

Al mismo tiempo manifestó que “las otras aristas como las responsabilidades de funcionarios públicos son de fácil comprobación, incluso ya está probado por el propio juez sobre el uso de maquinarias; por ejemplo; del empresario  Mariani que tenía maquinas ocultas en la isla con terraplenes construidos. Ahora hace falta la imputación”, sostiene Maggi.

El abogado ambientalista señala que es “optimista por el trabajo que desplegamos entre otras todas organizaciones y no vamos a abandonar. Vamos a seguir los caminos legales, como la Cámara de Casación, la Corte Suprema de Justicia y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), si es necesario porque acá hay delito de ecocidio”, finalizó.