A pesar del incremento en la inversión provincial en programas alimentarios, el vacío dejado por la asistencia nacional llevó al cierre de varios comedores y a una mayor presión sobre los que permanecen abiertos

Los comedores comunitarios en Rosario comienzan 2025 enfrentando una demanda de alimentos que no disminuye y un panorama de recursos insuficientes. Según un informe provincial, en 2024 se invirtieron más de 31.000 millones de pesos en programas alimentarios, un incremento del 100 % en comparación con el año anterior. Sin embargo, el alto costo de los alimentos y la falta de apoyo nacional obligaron a muchos merenderos a reducir sus días de servicio o cerrar, intensificando la presión sobre los espacios que continúan operando.

Pablo Basso, integrante de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (Utep), señaló que la situación en los comedores comunitarios sigue siendo crítica: “La demanda de alimentos de familias y vecinos no ha disminuido, y los espacios están realizando esfuerzos extraordinarios para sostenerse”. Según Basso, aunque la provincia y el municipio han mantenido el nivel de asistencia, “la ausencia de entrega de mercadería por parte del gobierno nacional ha dejado un vacío enorme”.

El impacto de esta falta de recursos se ha traducido en el cierre de varios comedores y en un aumento de la presión sobre los que aún funcionan. Basso explicó que, ante la falta de alimentos, muchas organizaciones optaron por reducir los días de entrega, pero aumentar la cantidad de raciones: “Es una solución temporal, pero no sostenible”.

En 2024, la provincia de Santa Fe destinó más de 31.000 millones de pesos a tres programas principales: la Tarjeta Institucional, el Programa Social Nutricional (ProSoNut) y la Tarjeta Única de Ciudadanía.

De ese monto, más de 11.700 millones de pesos se utilizaron para sostener comedores y copas de leche. Además, el ProSoNut recibió una inversión de más de 6.100 millones de pesos, mientras que la Tarjeta Única de Ciudadanía alcanzó a 64.386 beneficiarios con una inversión de casi 9.900 millones de pesos.

Estas cifras representan un incremento en la inversión alimentaria que, en algunos casos, superó los efectos de la inflación. Sin embargo, Basso advirtió que estas medidas no logran cubrir completamente las necesidades en los barrios más vulnerables: “El valor de la canasta básica alimentaria hace que sea casi imposible garantizar un plato de comida diario en muchos hogares”.

Según el Instituto de Estadística y Censos (Indec), en noviembre de 2024 una familia de cuatro personas necesitó más de un millón de pesos para no caer en la pobreza, mientras que la línea de indigencia se ubicó en 439.240 pesos.

Un informe del Ministerio de Capital Humano destacó una reducción del 12 % en los índices de pobreza, aunque casi cuatro de cada diez argentinos aún viven por debajo de esa línea. Para Basso, estos datos reflejan la situación de los trabajadores de la economía popular, quienes enfrentan las peores consecuencias de la exclusión: “Sus ingresos no les permiten cubrir necesidades básicas, y eso se refleja en la demanda creciente en los comedores”.

Si bien las donaciones ocasionales ayudan a paliar la situación, no garantizan el funcionamiento continuo de los comedores, señaló Basso: “Son espaldarazos valiosos, pero necesitamos una discusión más seria sobre cómo funcionan estas políticas públicas y cómo se asignan los recursos”.

En este contexto, las organizaciones comunitarias están reclamando una respuesta más integral por parte del Estado para evitar que más comedores cierren sus puertas.

El informe provincial también destacó acciones específicas durante el 2024, como la entrega de módulos navideños y el refuerzo de alimentos en invierno, pero Basso insistió en que se requiere un enfoque más sostenible: “Es crucial garantizar el funcionamiento de los comedores durante todo el año y no depender de medidas puntuales”.