En una conferencia de prensa, autoridades de Santa Fe y la Nación señalaron que el homicidio de Andrés Bracamonte, líder de la barra de Rosario Central, y su ladero Daniel Attardo, podría estar relacionado con actividades criminales ajenas al paravalanchas. Los funcionarios destacaron los antecedentes de intentos de homicidio previos y el posible vínculo del crimen con disputas en el entorno del jefe de la barra.

Este lunes por la mañana, en el Centro de Justicia Penal de Rosario, el ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni; la secretaria de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva; el interventor de la Fiscalía Regional, Matías Merlo; y el fiscal de Homicidios Dolosos, Alejandro Ferlazzo, ofrecieron una conferencia de prensa para informar sobre los avances en la investigación del asesinato de Andrés “Pillín” Bracamonte y Daniel “Rana” Attardo, líderes de la barra brava de Rosario Central, ocurrido el sábado.

En sus declaraciones, el interventor de la Fiscalía Regional, Matías Merlo, aseguró que el MPA conformó un equipo especializado para el caso, en el que participan los fiscales Alejandro Ferlazzo, Miguel Parola y Luis Schiappa Pietra. “Esta investigación está relacionada con otros hechos previos, como intentos de homicidio recientes y balaceras en el domicilio de Bracamonte, así como ataques en la escuela a la que asiste su hija. Nos planteamos investigar el doble crimen de manera integral para entender los móviles”, explicó Merlo. Según indicó, el equipo busca obtener resultados en el menor tiempo posible para identificar a los autores materiales e intelectuales del ataque.

El fiscal Alejandro Ferlazzo, a cargo de la Unidad de Homicidios Dolosos, detalló algunos elementos clave de la investigación, entre ellos que se confirmaron al menos tres atacantes y que el crimen ocurrió a las 21:43 horas en las inmediaciones del estadio de Rosario Central. “La camioneta en la que viajaban Bracamonte y Attardo fue interceptada y atacada con más de 11 disparos. Cada uno de los cuerpos presentaba cinco impactos y un roce adicional en uno de ellos”, informó. El fiscal agregó que no hubo detenidos hasta el momento, pero que están trabajando con imágenes de cámaras de seguridad y declaraciones de testigos que presenciaron la emboscada.

Ferlazzo también señaló que el alumbrado público en el lugar del ataque estaba fuera de servicio al momento del crimen. “La falta de luz es un elemento relevante. Aunque se reactivó cerca de las 12:50, el día del partido hubo un apagón en el sector. Esto podría deberse a un desperfecto, pero estamos evaluando todas las posibilidades”, explicó el fiscal. Asimismo, Ferlazzo confirmó que las cámaras de seguridad de la zona estaban en funcionamiento, aunque el club informó que no tiene registros del momento del crimen.

En cuanto a las hipótesis que manejan, el fiscal afirmó que la situación de Bracamonte “excede el manejo de la barra de Rosario Central” y está relacionada con negocios ilícitos en los que presuntamente estaba involucrado fuera del ámbito del fútbol. “Bracamonte enfrentó dos intentos de homicidio recientes. Estos antecedentes son importantes para entender los posibles móviles del ataque”, añadió.

Por su parte, el ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, calificó el asesinato como “un hecho grave y preocupante” y señaló que desde el sábado se mantienen en contacto con la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. “Este es un caso que no debe ser minimizado ni en sus implicancias ni en el posible impacto en la seguridad de Rosario. Vamos a poner todos los recursos necesarios para evitar que este hecho sea usado como excusa para retroceder en los avances de seguridad logrados en los últimos meses”, aseguró Cococcioni.

El ministro explicó que, aunque se refuerza la seguridad en eventos masivos como los partidos de fútbol, no es posible contar con vigilancia permanente en cada zona específica. “Bracamonte tenía prohibición de ingreso al estadio y, sin embargo, mantenía una baja autopreservación, repitiendo sus rutinas habituales. Policialmente, el hecho no pudo haberse prevenido porque no se acostumbra supervisar cada metro de las inmediaciones. Es una situación que conmueve y que debe tratarse con cautela para evitar especulaciones sobre un rebrote de violencia”, puntualizó.

La secretaria de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, también participó en la conferencia de prensa y destacó que se conformó una mesa de trabajo específica para abordar el caso junto con el Ministerio de Seguridad de la provincia. “La coordinación entre Nación y provincia lleva ya 11 meses con el Plan Bandera, y esta mesa de trabajo busca reforzar esa colaboración. Si es necesario, incrementaremos la cantidad de efectivos en Rosario y ampliaremos las zonas y patrullajes, como ya lo hicimos desde el sábado por la noche”, indicó Monteoliva.

Monteoliva enfatizó que, aunque no se observa un recrudecimiento de la violencia en la ciudad, la Nación se compromete a fortalecer las medidas de prevención y reiteró la importancia de la Ley Antimafias para combatir el crimen organizado. “No bajaremos los brazos ni sacrificaremos los esfuerzos que ya se han logrado. Nuestro objetivo es trabajar para garantizar la seguridad de los rosarinos y evitar que el crimen organizado gane espacio”, aseguró.

Ferlazzo confirmó además que el arma utilizada fue una pistola calibre 9 milímetros y que, aunque hasta ahora se hallaron indicios de un solo arma en la escena, no descartan la posibilidad de que hubiera más tiradores involucrados. “El ataque fue realizado caminando, lo cual refuerza la hipótesis de que los atacantes emboscaron la camioneta en un momento oportuno y con precisión. Estamos trabajando en esclarecer la mecánica exacta del ataque y la ruta de escape de los responsables”, detalló el fiscal.

Merlo añadió que este caso representa un desafío para la Fiscalía y que, debido a los antecedentes de amenazas y ataques recientes a Bracamonte, se está considerando la posibilidad de que el crimen esté vinculado a disputas más amplias dentro del crimen organizado. “La muerte de Bracamonte y Attardo plantea un conflicto complejo que involucra a redes delictivas que operan más allá del fútbol y del entorno de la hinchada”, afirmó Merlo.