El proyecto de Presupuesto 2025, presentado por el gobierno nacional, incluye una significativa reducción de partidas para educación y ciencia, lo que generó un fuerte rechazo en distintos sectores. Juan Manuel Pedrini, diputado nacional de Unión por la Patria e integrante de la Comisión de Presupuesto, afirmó que esta propuesta “deroga políticas de Estado”

El presupuesto para 2025, impulsado por el Ejecutivo nacional, generó amplias críticas en el ámbito educativo y científico. Juan Manuel Pedrini, legislador nacional por Chaco y miembro de Unión por la Patria, explicó en entrevista con La Marca de la Almohada los riesgos que implica este proyecto. “Después de la presentación en el Congreso, nos quedó una sensación muy extraña. Mencionaron una cifra incorrecta de 60 mil millones de dólares de ajuste a las provincias, sin brindar más detalles”, subrayó el representante.

El plan del Gobierno se centra en un fuerte ajuste fiscal, afectando áreas clave como educación, salud y ciencia. “La regla fiscal que establece este presupuesto exige un equilibrio financiero o superávit. Si los ingresos no son los proyectados, se ajustará más para cumplir ese objetivo”, afirmó el funcionario. Esto implica una restricción severa para el sector público, limitando su capacidad de respuesta ante situaciones de crisis, como lo fue la pandemia.

Uno de los puntos más controvertidos es la suspensión del artículo 9 de la Ley de Financiamiento Educativo, que garantizaba un presupuesto mínimo del 6% del PBI para las provincias. “Este proyecto deroga políticas que Argentina venía llevando adelante en educación”, advirtió el diputado. Esta decisión afectará tanto a la educación inicial y media como a las universidades, que reclaman por el desfasaje presupuestario de 2024. Si bien el presupuesto contempla un aumento del 28% para las universidades, este incremento resulta insuficiente frente a las demandas de rectores y docentes.

El área científica también sufrirá recortes importantes. Un análisis del Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación reveló que el presupuesto para este sector se contraerá un 9,4%, reduciendo la inversión a un 0,2% del PBI, el nivel más bajo en una década. “Se congela la Ley de Financiamiento de Ciencia y Tecnología, que planteaba un incremento gradual del presupuesto hasta alcanzar el 1% del PBI en 10 años”, advirtió el legislador.

El funcionario también cuestionó la inflexibilidad del presupuesto ante situaciones excepcionales, como la emergencia sanitaria que el país vivió en 2020. “Con esta regla fiscal no hay margen para gastos extraordinarios en caso de crisis. Si ocurriera otra pandemia, ¿cómo podría reaccionar el Estado si la prioridad es mantener el superávit?”, planteó. El proyecto del Ejecutivo prioriza el pago de la deuda, relegando a un segundo plano áreas como la educación, salud y obras públicas, sostuvo el diputado.

La reacción en el ámbito educativo no tardó en llegar. La Federación Universitaria Argentina (FUA), junto con rectores y gremios docentes, convocaron a un paro nacional el próximo 26 de septiembre y a una movilización al Congreso para el 2 de octubre. El veto del Gobierno a la ley que buscaba mejorar el presupuesto de 2024 fue uno de los motivos que impulsó estas medidas de protesta.

En otras áreas, como los subsidios al transporte y la construcción de viviendas, el presupuesto también propone recortes. “Hay una gran inconsistencia, no solo en educación, sino también en asistencia social, subsidios y obras públicas”, aseguró el representante chaqueño. Además, se reducirán los subsidios a las provincias, lo que afectará principalmente a los sectores más vulnerables.

El congelamiento de políticas clave podría extenderse más allá de 2025. “Lo más probable es que estas suspensiones se prolonguen hasta el fin del mandato presidencial de Milei”, pronosticó el legislador. Entre las leyes afectadas se encuentra la de Educación Técnica, que destinaba un mínimo del 0,2% del PBI a este sector.

A pesar de las restricciones, el funcionario dejó abierta la posibilidad de negociaciones. “Es un gobierno que le cuesta negociar, pero cuando no tiene más alternativa, se abren ciertas ventanas”, indicó. Actualmente, el bloque que integra cuenta con 99 diputados que defienden la educación pública y el sistema científico, aunque dependen del apoyo de otras fuerzas políticas para evitar vetos y modificar cuestiones.

El diputado resaltó la importancia de la movilización social como herramienta de presión para frenar el ajuste. “Necesitamos articular con otros sectores para defender la educación, y el Gobierno deberá tomar nota de la movilización popular”, concluyó, en referencia a las protestas previstas para las próximas semanas.