El proyecto de reforma previsional presentado por el gobernador Maximiliano Pullaro generó críticas por parte de gremios y otros sectores políticos. Lorena Almirón, Secretaria General de ATE Rosario, destacó los puntos que más afectan a los trabajadores, señalando incumplimientos del gobierno nacional como origen del déficit en la caja de jubilaciones y manifestó el rechazo a la iniciativa
Lorena Almirón, Secretaria General de ATE Rosario, expresó su rechazo frente al proyecto de reforma jubilatoria que el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, envió al Senado provincial. La iniciativa, compuesta por 56 artículos, motivó debates debido a las implicaciones que tendría para los trabajadores del sector público. Almirón, en diálogo con La Marca de la Almohada, señaló que las medidas propuestas no solo perjudicarían a los jubilados actuales, sino que también afectarían gravemente a los trabajadores en actividad, especialmente a aquellos con salarios más bajos.
Almirón criticó duramente la reforma propuesta por el gobierno provincial, destacando que “el déficit de la caja de jubilaciones se generó ante el incumplimiento del gobierno nacional, un déficit que viene desde 2020”. Según la dirigente gremial, los problemas financieros del sistema previsional no son responsabilidad de los trabajadores, sino del Estado, que no cumplió con sus compromisos financieros. “Los incumplimientos derivaron en demandas judiciales que siguen en trámite sin avances, pero lo puntual es que estas reformas perjudican directamente los derechos de los trabajadores de forma permanente”, subrayó.
En cuanto a las medidas específicas de la reforma, Almirón mencionó que “se declara una emergencia previsional por dos años que se puede prorrogar por dos años más”, lo que generaría incertidumbre entre los trabajadores acerca de sus derechos jubilatorios. Además, resaltó que “aparece un aporte solidario del 2 al 6 por ciento sobre dos jubilaciones mínimas”, lo que implicaría una carga económica adicional para los empleados públicos, cuyo salario promedio oscila entre los 520 mil y 600 mil pesos.
Otro aspecto que preocupó a Almirón es el aumento en los aportes previsionales. “Actualmente aportamos un 14,5 por ciento, pero con la reforma se iría a 15,5 por ciento con una escala ascendente según lo que perciba cada trabajador hasta alcanzar el 21 por ciento”, explicó. Este incremento se sumaría al aumento del aporte patronal del 17 al 19 por ciento, lo que, según ella, afectaría negativamente el poder adquisitivo de los empleados.
La dirigente gremial de los estatales, también se refirió a los cambios en la movilidad jubilatoria. “Actualmente, los trabajadores estatales debemos trabajar 35 años para acceder al 82 por ciento móvil, y ahora buscan sumar un año más para alcanzar esa jubilación”, indicó. Esta modificación representaría un obstáculo adicional para quienes están cerca de cumplir los requisitos para jubilarse.
La representante de ATE fue enfática al denunciar que “los porcentajes de montos y jubilaciones se ven afectados, los haberes se bajan en un 20 por ciento”. Según Almirón, esto demuestra un ataque directo a los derechos adquiridos por los trabajadores, especialmente aquellos en sectores más vulnerables como los docentes. “Se apunta contra sectores que realmente no resisten, como son los docentes, por eso lo rechazamos desde un primer momento”, afirmó.
Desde el gobierno provincial, el ministro de Gobierno, Fabián Bastía, justificó la necesidad de la reforma alegando que busca garantizar la sostenibilidad del sistema previsional en el largo plazo. En su presentación ante el Senado, Bastía sostuvo que “sin estas reformas, el sistema colapsará en pocos años”. El gobernador Pullaro, por su parte, enfatizó que la reforma es “necesaria para adecuar el sistema a la realidad económica de la provincia”.
Los gremios, sin embargo, señalaron que estas explicaciones no consideran el impacto real sobre los trabajadores. Según Almirón, “estas medidas solo reflejan un ajuste sobre los sectores más desprotegidos y no abordan el problema estructural del financiamiento de la caja de jubilaciones”. ATE Rosario y otros gremios han llamado a movilizaciones y paros para manifestar su descontento con la propuesta del gobierno.
En paralelo, sectores de la oposición política también expresaron su preocupación. Desde el Frente Progresista, algunos legisladores manifestaron que “la reforma plantea una solución parcial y temporaria que no resuelve el problema de fondo”. Proponen, en cambio, buscar mecanismos de financiamiento alternativos que no impliquen recortes a los trabajadores.
Con la entrada formal del proyecto en la Cámara de Senadores, se espera que las próximas semanas sean de debates y negociaciones. Mientras tanto, los trabajadores y sus representantes gremiales permanecen en alerta y convocan para esta jueves una marcha a la Caja de Jubilaciones a las 11hs, en Brown al 2200.
