Rusia informó el descubrimiento de enormes reservas de petróleo y gas estimadas en 511 mil millones de barriles de petróleo en la Antártida. La novedad generó alarmas en torno a la posible explotación de hidrocarburos en el continente blanco, hasta el momento prohibidas por el Tratado Antártico. Especialista del Conicet y la UNR desechó las especulaciones tremendistas en base a las condiciones que impone el propio tratado, firmado en 1959 por 12 países, entre ellos la Argentina
Lo que dejó trascender Rusia generó un cimbronazo respecto de cuestiones ambientales y de soberanía sobre la Antártida, sobre la cual varias naciones, entre ellas Argentina, reclaman. No es para menos: el volumen proyectado en función de relevamientos sismológicos equivale a aproximadamente 10 veces la producción total de petróleo del Mar del Norte durante el último medio siglo y al doble de las reservas de Arabia Saudita.
La doctora en Ciencias Sociales, investigadora del Conicet y profesora honoraria en la Facultad de Ciencia Política de la UNR Miryam Colacrai relativizó el riesgo de una avanzada de las potencias globales sobre el territorio que, en principio, aloja las reservas de hidrocarburo, que incluye el sector que reclama Argentina y que se superpone con los que pretenden el Reino Unido y, menos, Chile.
Colacrai, en diálogo con el programa La Marca de la Almohada, recordó que el tratado Antártico se firmó después del Año Geofísico Internacional. Del mismo participó la Argentina junto con otros 11 países: Reino Unido, la entonces Uniòn Soviética, Australia, Bélgica, Chile, Francia, Japón, Nueva Zelanda, Noruega, la Unión del África del Sur y Estados Unidos.
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La especialista destacó que es un tratado que en Derecho Internacional se conoce como sine die. Es decir, que no tiene fecha de finalización. Recordó que cuando entró en vigencia, en 1961, hubo algunas alarmas infundadas: como el tratado contemplaba que a los 30 años se podía convocar a una reunión plenaria para modificarlo, pero con la condición de consenso de todos los firmantes, ello podría ocurrir. Un temor similar, agregó, se desplegó en 1991.
Sin embargo, explicó la doctora en Ciencias Sociales, eso no ocurrió. Más bien lo contrario, dijo, porque el tratado mejoró. Se agregó lo que se conoce como protocolo adicional, que legisla fundamentalmente sobre cuestiones ambientales.
Ese protocolo entró en vigencia en 1998, y en el mismo se incluía la posibilidad de que, a los 50 años, es decir en 2048, una conferencia general con consenso unánime –como en el Tratado– podría modificarlo en el punto que prohíbe la explotación minera.
Es cierto que las grandes potencias tienen interés en los recursos energéticos que, ahora, se descubrieron en la Antártida. Pero Colacrai advirtió que no es fácil que impongan sus pretensiones: es que se requiere el consenso de todas las naciones, no solo de las poderosas.
Esa condición del consenso, enfatizó, es una herramienta política, porque no hay veto ni mayorías ni acuerdos minoritarios que fuercen las resoluciones. Y con esa herramienta, completó, la Argentina puede, junto a una buena base jurídica, discutir de igual a igual con las naciones más poderosas para sostener su presencia en el continente antártico y velar por su preservación ambiental ante las ambiciones de las potencias.
