Desde la central CTA y el gremio ATE ven un plan deliberado para demantelar la capacidad estatal en referencia a su relación con las mayorías, y las cesantías son un instrumento para desactivar áreas claves en lo social
Durante un discurso frente al Iefa Latam Forum (grandes empresarios y economistas afines), el presidente Javier Milei festejó que su Gobierno haya, dijo, despedido a “50 mil personas” y anunció que “van a caer 70 mil contratos” de empleados públicos más. Enseguida, fuentes del mismo oficialismo tuvieron que salir a desmentir esos dichos: aclararon que la cifra corresponde a contratos bajo revisión, que pueden o no ser dados de baja. Sin embargo, fuera de toda racionalidad, el Ejecutivo plantea una reducción de entre el 15 y el 20 por ciento de las personas que trabajan en cáda área del Estado, independientemente de la tarea que cumplan y la relevancias de las áreas en las que se desempeñan.
Un método para reducir empleados estatales es, de hecho, la no renovación de contratos, aunque también hay cesantías de trabajadores de planta, como en la Ansès, lo que obligó al cierre de sedes regionales. Ante esa profundización del desmantelamiento de lo público, el gremio estatal ATE anunció una huelga y movilización nacional y advirtió que paralizará las actividades del Estado si no se da marcha atrás con la reducción drástica de empleos.
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En ese contexto, el programa Apuntes y Resumen consultó a Hugo “Cachorro” Godoy, secretario General de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE).
“El Gobierno está decidido a avanzar en la destrucción de todo lo que tenga que ver con los intereses de los trabajadores y del pueblo en general”. resumió el dirigente sindical. Explicó que no sólo se despide a trabajadoras y trabajdores sino que, con ello, se desactiva a organismos del Estado encargados de solucionar “los problemas de la gente”.
En esa línea, Godoy destacó que no se echan gendarmes y prefectos. Por el contrario, se nombran más integrantes de fuerzas de seguridad federales “para garantizar la represión” de las protestas sociales. “Tampoco dejan cesantes a funcionarios ligados al sistema financiero privado”, porque la gestión liberataria va en dirección al fortalecimiento del Estado en las herramientas que le garanticen sus grandes ganancias especulativas.
“Lo que se echa es a empleados ligados a pequeños productores en el área de Agricultura Familiar, a los del sistema de Seguridad Social, a los que llevan adelante programas de atención a personas con discapacidad, en la ex Desarrollo Social, a los que se vinculan con los sectores más vulnerados”, siguió el secretario General de ATE y la CTA.
“Es una deliberada selección” de los agentes sujetos a despido para “amputarle al Estado su capacidad de atender a los sectores más humildes”, reforzó Cahorro Godoy.
En ese contexto, el dirigente apuntò al instrumento que le permite a Milei avanzan en el desmantelamiento, el mega DNU que fue rechazado en la Cámara de Diputados pero que debe correr la misma suerte en el Senado para caer. “Mientras pueda seguir gobiernando por decreto, va a seguir haciendo daño a la sociedad, multiplicando la desocupación y la pobreza”, describió Godoy. Y por eso juzgó “imprescindible que el Congreso de la Naciòn avance decididamente en la derogación del DNU por el cual aplica estas y otras muchas medidas que atentan contra las mayorías”.
