La provincia de Santa Fe, y en particular Rosario, están atravesadas por tasas de violencia letal que cuadruplican el promedio nacional. Especialistas pusieron en entredicho las miradas simplificadoras de su relación con los mercados ilegales de las drogas y cuestionaron las políticas de persecución criminal del fenómeno

El jueves 24 de agosto, Rosario fue sede del 5º Congreso sobre Narcotráfico, Geopolítica y Derechos Humanos desde América Latina. Varios organizadores y participantes estuvieron en el estudio de Radio Universidad para la Tertulia de Viernes del programa Apuntes y Resumen. Una mirada coral y que rescató la complejidad de fenómenos como violencia y mercados ilícitos que coexisten sin que se puedan reducir a dinámicas de causa y efecto.

Participaron del intercambio Juan Murray, secretario de la Procuración General de la Nación, el criminólogo Enrique Font, el abogado Joaquín Chiavazza, la abogada y magister en Derechos Humanos Constanza Estepa, la abogada Carla Di Tomaso y Marcelo Masionave, magister en Derechos Humanos y especialista en Derechos Sociales.

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Rosario y el resto del país: la conducción política

Murray expuso que lo que sucede en la provincia de Santa Fe y en Rosario en particular trasciende lo que en el resto del país. La tasa de homicidios hasta cuadriplica la media nacional y está íntimamente vinculada a las economías delictuales y sus consecuencias de peleas por el control de los territorios. Pero la trama no es sencilla, aclaró. Mencionó estudios antropológicos que ahondan sobre la adquisición de prestigio mediante la violencia en ciertos sectores de la juventud, pero los relativizó. Puso como ejemplo el partido bonaerense de La Matanza, con casi dos millones de habitantes, con una situación socioeconómica similar y sin embargo índices de violencia letal muy inferiores.

El secretario de la Procuración General trazó un esquema temporal: a partir de los años 2007 a 2009, dijo, la policía de Santa Fe dejó de tener control del territorio y quedó huérfana de conducción política, sea esta buena o mala. Además, agregó, se feudalizaron las cajas negras de recaudación de la fuerza de seguridad y se rompieron los pactos territoriales de manejo de las economías ilegales. Ese combo de factores, concluyó, hizo que se disparan los niveles de violencia. Destacó que un aspecto a profundizar es si hay una promoción de ese esquema por parte de otros poderes, externos, que así diseñan una suerte de experimento social en Rosario. Sea como fuere, recalcó, es un tema grave que requiere de una solución inmediata.

Visión regional y las políticas antidrogas del norte

Constanza Estepa hizo hincapié en una mirada que no está a su juicio suficientemente presente en los análisis y estudios académicos: la del narcotráfico en un contexto regional y, allí, sobre la influencia de las políticas de Estados Unidos en la materia. Señaló que si se posa la lupa en la “ayuda” de Washington para el combate al narcotráfico en Latinoamérica se advierte el paradigma de la militarización y su correlato subterraneo de la voluntad de control geopolítico sobre los territorios.

Citó el caso del financiamiento del que goza el Comando Sur (uno de los 10 que dependen del Departamento de Defensa y que comprende 31 países de América Latina, con excepción de México). En el mismo sentido, expuso que el momento de mayor volumen de cooperación de esa agencia con la Argentina fue en 2016, durante la presidencia de Mauricio Macri. Y llamó a desnudar el componente político de esa asistencia, incluso más allá del paradigma bélico –ela llamada guerra contra las drogas– que experimentó fracasos en varias latitudes evidenciadas por la persistencia del tráfico y el consumo pero, ademàs, el aumento de la violencia letal.

Fenómenos que no resisten simplificaciones

Enrique Font insistiò con alejarse de visiones simplificadoras. Que dos fenómenos ocurran juntos no implica que entre los mismos se den relaciones de causa y efecto, aclaró sobre los mercados locales de drogas, las dinàmicas de venta y consumo, los circuitos de circulación y lavado del dinero. Los interpretó diferentes al del tráfico internacional, en esta geografìa a través de la Hidrovía y hacia Europa, que se destacan por su “altísima ganancia”. Y resaltó que la realidad que se cruza con los anteriores fenòmenos, la de la violencia, merece ser analizada en su especificidad.

Sobre esas aclaraciones, Font enfocó en el papel de la policía, considerada por cada vez más especialistas como parte del problema. En el modo tradicional, señaló el criminólogo, tiene una gran dificultad para controlar los mercados ilegales por su fragmentación, pero agregó que hay otro fenómeno como el cuentapropismo, sobre todo en Rosario, que remite a la integración de agentes de la fuerza, de todos los niveles jerárquicos, con las bandas. Y un desempeño que està vinculado a su intervención en las disputas por el negocio. En ese aspecto, citó la desmantelada División Judiciales, ligada a la banda de Esteban Alvarado y enfocada a desbaratar la competencia nacida en barrio La Granada, Los Monos.

El fenómeno del delito, siguió Font, hay que analizarlo junto al de las políticas de control. Y ahí entra en juego la Justicia provincial: en el antiguo sistema inquisitorial, esclarecía la mitad de los crìmenes, y en el nuevo –acusatorio– no mejoró sustancialmente si se tiene en cuenta que se da por esclarecido un homicidio con la sóla identificación del o los gatilleros, sin profundizar en los organizadores e ideólogos.

Políticas de persecución criminal, la pata judicial

Carla Di Tomaso siguió con esa línea para señalar que la justicia, tanto del fuero provincial como del federal, se concentra en perseguir a los eslabones más bajos de las cadenas delictivas, los llamados “perejiles”, junto al aparato represivo (policìa). “Es más fácil, porque son estructuras más rudimentarias”, dijo. En esa lógica, completó, se desatiende la persecución de los grandes jugadores, los protagonistas del lavado de activos del delito, por ejemplo. Y cerró con que el resultado de ello es la sobrepoblación carcelaria y las altas tasas de reincidencia, fruto de una política de persecución penal que desde hace tiempo hace agua.

Joaquín Chiavazza recordò como relevantes las propuestas de demoicratización de los organismos judiciales y de las agencias represivas del Estado.  Y marcó que “conducir es persuadir, no ordenar”. Esa capacidad, resaltó, estuvo ausente en la provincia a lo largo de diferentes gestiones ejecutivas. EN la actual, enfatizó, no hubo un proyecto concreto. Recordó que pasaron cuatro ministros de Seguridad en la provincia y 14 jefes policiales de la Unidad Regional II, con asiento en Rosario.

Responsabilidad de los gobiernos locales

Font llevó a la mesa la postura de los gobiernos locales. Contrastó la actual gestión rosarina con lo que sucede en la provincia de Buenos Aires. Tras recordar las variadas crìticas al ministro de Seguridad Sergio Berni, señaló que es notable su voluntad de conducciòn dentro de la gestión del gobernador Axel Kicillof. Hay, explicó, vocación política, acuerdos y sobre todo, la conciencia de que se debe independizar de la información generada por la policía. Para ello, agregò, puso en marcha una producción seria, georeferencada y sofisticada sobre la propia fuerza de seguridad, con una inversión sensible. Y se avanzò en un acuerdo con los municipios, que asumen una responsabilidad sobre el problema de la violencia reflejada en sus presupuestos. Una estrategia complicada