Mariana Palmero, referente del colectivo Ni Una Menos, denunció graves irregularidades en la investigación del femicidio de Agostina. Apuntó contra la lentitud judicial, la falta de protocolos eficaces ante antecedentes de violencia de género y el rol cuestionable del fiscal a cargo.
El femicidio de Agostina en Córdoba capital ha vuelto a poner de manifiesto las profundas deficiencias del sistema judicial frente a la violencia de género. Según denunció Mariana Palmero en diálogo con “Apuntes y Resumen” de Radio UNR, desde que se reportó la desaparición de la joven el pasado 23 de mayo, la respuesta del fiscal Raúl Garzón fue lenta, inoperante e ineficaz, marcada por una preocupante falta de perspectiva de género.
“PUESTA EN ESCENA”. Para las organizaciones feministas, la actuación judicial no solo llegó tarde, sino que la conferencia de prensa posterior fue una “puesta en escena” violenta en la que el fiscal intentó aleccionar al periodismo en lugar de rendir cuentas por la negligencia en la aplicación de los protocolos de búsqueda.
Uno de los puntos más críticos de la investigación recae en el tratamiento del principal acusado, Claudio Barrelier, quien ya contaba con antecedentes por violencia de género.
A pesar de que la madre de la víctima manifestó sus sospechas desde el primer domingo, la justicia no actuó con celeridad: la vivienda del sospechoso fue limpiada con cloro en dos oportunidades (martes y jueves) antes de que se realizara la pericia de luminol el día viernes.
Palmero subrayó que “estas dilaciones son inaceptables y que el protocolo debería ser distinto cuando existen denuncias previas, evitando que las pericias dependan exclusivamente de la insistencia de las querellas”.
ESTADISTICAS DEL TERROR. Finalmente, el caso se inscribe en un contexto nacional alarmante donde se registra un femicidio cada 30 o 40 horas.. Desde el colectivo Ni Una Menos advierten que “la violencia de género es un asunto político que requiere una respuesta integral del Estado, la cual se ve debilitada por el retiro de políticas públicas a nivel nacional”.
Mientras diversos sectores políticos locales intentan capitalizar el caso, las organizaciones sostienen la exigencia de mantener la carátula de homicidio agravado por violencia de género y permanecen atentas a posibles cambios en la fiscalía, reafirmando que la prevención sigue siendo la gran deuda pendiente de las instituciones.