El defensor regional de Rosario, Martín Riccardi, cuestionó duramente la iniciativa enviada por el Ejecutivo de Santa Fe a la Legislatura, señalando que facultar a la policía para interrogar sin defensores y ampliar los allanamientos sin orden judicial vulnera derechos fundamentales. “La seguridad pública no puede construirse erosionando el debido proceso”, dijo en “Apuntes y Resumen”.
El defensor regional de Rosario, Martín Riccardi, expresó en “Apuntes y Resumen” de Radio UNR su profunda preocupación ante el ingreso a la Cámara de Diputados del proyecto de ley denominado “Herramientas para el fortalecimiento de la seguridad pública”. Tras una primera lectura de la iniciativa, Riccardi advirtió que la reforma introduce “menoscabos a las garantías constitucionales” al proponer prácticas que ya habían sido desterradas con la instauración del sistema acusatorio en 2014.
Entre los puntos más críticos, señaló la facultad de la policía para interrogar a personas sin la presencia de un abogado defensor, lo que calificó como un retroceso hacia modelos inquisitivos donde la fuerza de seguridad ejerce una presión coercitiva sobre los ciudadanos en los primeros momentos de una investigación.
LA CRÍTICA INSTITUCIONAL también se enfoca en la ampliación de los allanamientos sin orden judicial y en la posibilidad de que los fiscales impongan penas en delitos leves sin un juicio previo ni defensa técnica. Riccardi destacó como un punto de alarma la posible validación de pruebas obtenidas de forma ilegal bajo conceptos de “buena fe”, algo que ya había sido zanjado por la Corte Suprema para evitar confesiones bajo apremios o procedimientos irregulares.
Para el funcionario, estas reformas transforman las garantías constitucionales en “obstáculos molestos” y desplazan el eje del proceso penal hacia facultades policiales expansivas que carecen de límites suficientes.
MÁS CONTROL. Finalmente, el defensor subrayó que, ante el historial de irregularidades y violencia institucional detectado en las fuerzas policiales en los últimos años, el Estado debería fortalecer los mecanismos de control y transparencia en lugar de flexibilizarlos.
Riccardi enfatizó que la seguridad no debe construirse erosionando el debido proceso, ya que la Constitución no es un impedimento para combatir el delito, sino el límite indispensable contra el uso de mecanismos incompatibles con los derechos humanos. En este sentido, instó a que se abran instancias de diálogo en la Legislatura para que la voz de la defensa pública sea escuchada antes de avanzar con cambios que podrían chocar con el modelo constitucional santafesino.
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