El paquete de reformas procesales en materia penal enviado por el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, comenzó a generar fuertes cuestionamientos desde distintos sectores del ámbito jurídico. Uno de los más críticos fue José Nanni, presidente de la Asociación de Abogados Penalistas de Rosario, quien advirtió que las modificaciones propuestas “violan garantías constitucionales” y habilitan mecanismos “sumamente peligrosos” para cualquier ciudadano

En diálogo con La Marca de la Almohada, Nanni sostuvo que el proyecto incorpora institutos que históricamente fueron cuestionados por la doctrina y la jurisprudencia, como los interrogatorios policiales, los juicios en ausencia y la ampliación de facultades de inteligencia y vigilancia.

“Han generado una alarma y una sorpresa porque vemos que algunos de los institutos incorporados violan garantías constitucionales de cualquier ciudadano. Son herramientas que ya demostraron históricamente generar abusos, sobre todo vinculados a las fuerzas policiales”, afirmó.

El abogado recordó casos emblemáticos de violencia institucional ocurridos en Rosario, como el de Franco Casco, y señaló que muchas de las reformas propuestas implican retrocesos respecto del sistema procesal vigente desde 2014 en la provincia.

Nanni cuestionó especialmente el discurso político que suele asociar las garantías constitucionales con una supuesta “puerta abierta para delincuentes”. “Eso es falso. El garantismo judicial no es proteger delincuentes, es asegurar reglas claras e iguales para todos. Cualquiera puede quedar involucrado en un proceso penal, incluso por un accidente de tránsito”, explicó.

Según detalló, una de las mayores preocupaciones está vinculada a las nuevas facultades para tareas de inteligencia y medidas coercitivas sin control judicial suficiente. “Si dejás abierta la puerta a tareas de espionaje sin controles estrictos, mañana le pueden pinchar el teléfono a cualquiera: a vos, a mí, a un empresario o a un dirigente opositor”, advirtió.

El presidente de la Asociación de Penalistas también apuntó contra la posibilidad de que fiscales impongan medidas restrictivas sin intervención judicial previa. “Hoy, para aplicar medidas cautelares, debe existir un debate entre fiscalía y defensa, y quien decide es un juez. Con esta reforma el fiscal acusa, impone restricciones y prácticamente termina juzgando. Eso es una locura jurídica”, sostuvo.

Para Nanni, el proyecto altera las bases del sistema acusatorio implementado en Santa Fe hace apenas doce años. “Hemos construido un sistema moderno, con errores y aciertos, pero dentro de parámetros constitucionales y estándares internacionales. Las reformas deberían discutirse para mejorar el sistema, no para retroceder”, señaló.

Además, criticó la falta de instancias amplias de debate público antes del envío del proyecto a la Legislatura. “Se mezclan reformas muy delicadas bajo el argumento de la lucha contra el crimen organizado. Pero en el medio aparecen cuestiones extremadamente peligrosas para los derechos individuales”, afirmó.

Desde la Asociación de Abogados Penalistas adelantaron que impulsarán comunicados públicos y seguirán participando del debate legislativo. “Necesitamos que se convoque a especialistas y que exista una discusión seria. Después, si esto avanza, habrá que dar la batalla judicial correspondiente”, concluyó Nanni.

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