La abogada de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) cuestiona las contradicciones del proyecto de ley y sostiene que la verdadera prevención del delito reside en “garantizar condiciones de vida dignas y no en el punitivismo contra adolescentes” en diálogo con “Apuntes y Resumen”.

Julia Giordano, integrante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), expresó un rechazo histórico al proyecto de ley que busca bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, calificándolo como una propuesta “demagógica”.

Según la abogada, no existe evidencia histórica de que el endurecimiento de las penas o la aplicación de “mano dura” logre disminuir los delitos en una sociedad. Giordano enfatizó que los delitos cometidos por personas menores de 16 años son ínfimos en comparación con el total, y que la idea de que encarcelar a jóvenes traerá más seguridad es una “mentira” discursiva.

Para la representante de la APDH, el Estado debe “centrar sus recursos en asegurar condiciones mínimas de dignidad, como vivienda, alimentación, vestimenta y educación, en lugar de invertir en fuerzas de seguridad o cárceles de máxima seguridad”.

Giordano destacó que los adolescentes son personas en desarrollo y que resulta contradictorio que el sistema los considere sin criterio suficiente para votar o tomar decisiones médicas autónomas, pero sí con madurez para asumir consecuencias penales plenas. “El Estado debe garantizar ese desarrollo, no encarcelarlo”, afirmó, señalando la inconsistencia de quienes ayer se oponían al voto joven y hoy promueven el encierro temprano.

Finalmente, la letrada aclaró que la falta de punibilidad por debajo de los 16 años no significa que el Estado no pueda intervenir ante un delito. Explicó que la ley actual ya prevé procesos de “responsabilización” para investigar los hechos y abordar la conducta de los menores sin necesidad de imponer penas privativas de la libertad. Giordano concluyó que, al tratarse de personas con autonomía disminuida por su edad, el reproche penal debe ser coherente y diferenciado, priorizando medidas que no interrumpan el trayecto de vida de los jóvenes