Los docentes universitarios iniciaron un nuevo paro nacional de 48 horas, mientras que el miércoles Amsafé, Sadop y Siprus marcharán con antorchas hacia Gobernación. En paralelo, crecen los conflictos en empresas privadas como Vasalli, Acindar y el frigorífico Euro, que denuncian atrasos salariales, suspensiones y despidos

El clima social en Rosario y la región se intensifica con una agenda cargada de movilizaciones y medidas de fuerza que atraviesan tanto al sector público como al privado. Desde este lunes, los docentes universitarios nucleados en Coad realizan un paro nacional de 48 horas en reclamo de mejoras salariales, mientras que el miércoles los gremios docentes Amsafé y Sadop, junto a los profesionales de la salud agrupados en Siprus, encabezarán una marcha de antorchas hacia la sede de Gobernación. Al mismo tiempo, trabajadores de distintas industrias mantienen protestas por sueldos adeudados, suspensiones y despidos.

El conflicto universitario acumula tres semanas de paros rotativos de 48 horas y, previamente, una semana entera con las universidades cerradas. Según detallaron desde Coad, el último aumento salarial otorgado por decreto para junio, julio y agosto fue de 1,3%, lo que quedó rápidamente desfasado frente a la inflación de 1,6% en junio y 1,9% en julio, con la expectativa de que agosto marque un nuevo alza.

“Ante una situación salarial que ya no se sostiene, lo que está ejecutando el gobierno son más rebajas salariales, porque da por decreto aumentos que están por debajo de la inflación. Es una situación muy grave que se profundiza cada vez más”, señaló Federico Gayoso, secretario general de Coad. El dirigente remarcó además que la falta de recursos también impacta en investigación y formación: “Los docentes están saliendo a buscar trabajos por fuera de la universidad, porque no les alcanza. Por eso, las medidas de fuerza se multiplican y cada vez tienen mayor acatamiento”.

En paralelo, la comunidad universitaria comienza a organizar la tercera marcha federal, definida en el último plenario del Consejo Interuniversitario Nacional realizado en Rosario. La convocatoria se activaría si el gobierno veta la ley de financiamiento universitario y se programaría para el día en que el Congreso trate la iniciativa, previsto para mediados de septiembre. “Esta ley no va a solucionar todos los problemas que tenemos, pero sería un paso adelante. La brecha salarial con la inflación ya superó el 90% desde que asumió Milei”, cuestionó Gayoso.

El miércoles por la tarde se sumará otro capítulo a la agenda de protestas con la marcha de antorchas de los gremios estatales. Amsafé, Sadop y Siprus convocaron a concentrarse a las 18.30 en el Cemar, en San Luis y Moreno, para marchar hasta Gobernación en la plaza San Martín. La medida forma parte del plan de lucha que llevan adelante desde hace tres semanas en rechazo al cierre de la paritaria por decreto dispuesto por el gobierno provincial.

“La degradación del salario viene acompañada de una degradación de presupuestos, tanto en salud como educación. Las condiciones son cada vez peores así que esperamos una gran convocatoria de distintos gremios y organizaciones”, afirmó Roque Jaimes, secretario general de Amsafé Rosario. El dirigente advirtió que la gestión provincial no tiene intenciones de abrir la negociación: “El gobierno provincial volvió a cerrar la paritaria por decreto. Nosotros reclamamos que la reabran, pero públicamente dijeron que no lo van a hacer. Estamos en la misma situación desde agosto del año pasado”.

La conflictividad se replica en el sector privado. La planta de Acindar en Villa Constitución paralizó nuevamente su producción en el área de laminados, con suspensiones acordadas con la UOM que establecen el pago del 75% del salario. En Firmat, los trabajadores de Vasalli denuncian la falta de pago de haberes desde julio, incluidos el medio aguinaldo y las actualizaciones paritarias.

En la última audiencia convocada por el Ministerio de Trabajo provincial, la empresa se ausentó y solo presentó una nota firmada por la abogada María Florencia Arietto, que calificó al reclamo como una “extorsión”. La presencia de la letrada en Firmat generó un fuerte repudio de los operarios. “Quiso involucrar al gremio en el conflicto y la gente le dijo que el gremio no tiene nada que ver”, señalaron desde la UOM local.

A este escenario se sumó un nuevo conflicto en el frigorífico Euro, en Villa Gobernador Gálvez. La firma había despedido a 60 trabajadores en enero, reincorporados luego por conciliación obligatoria, pero que finalmente quedaron fuera de planta con garantía horaria. Según denunciaron, ahora ni siquiera se cumple con ese pago mínimo y, ante las protestas, se concretaron seis nuevos despidos.

“Tenemos compañeros que están con garantía horaria. Eso refiere a que pueden estar afuera de la empresa, pero cobran un sueldo mínimo. Pero esta vez no cobraron ni eso”, explicó Walter Navarro, delegado de los trabajadores. “Hace dos semanas que estamos en la puerta de la empresa reclamando. A raíz de eso, el pasado viernes despidieron a tres compañeros y hoy nos enteramos de tres despidos más”, agregó.

Desde el gremio sostienen que los despidos se justifican con “causas armadas” y denuncian desinterés empresario. “Les dicen que tiraban la mercadería, pero esa misma decisión es la que venimos denunciando desde hace meses: es una orden de la patronal que ahora usan como motivo para despedir. Es todo raro lo que hacen en esta empresa. A los dueños no les interesa tener ventas. Es una empresa que llegó a tener mil empleados y hoy quedamos unos 200”, concluyó Navarro.