En la antesala del debate en comisiones en la Cámara de Diputados, el rector de la Universidad Nacional del Litoral, Enrique Mammarella, advirtió que las casas de estudio no descartan medidas judiciales si el Gobierno bloquea la iniciativa que busca garantizar fondos salariales, de funcionamiento y previsibilidad para el sistema universitario

Este martes, el Congreso Nacional tendrá una jornada clave con el debate en comisiones de dos temas sensibles: el financiamiento del Hospital Garrahan y el presupuesto para las universidades públicas. Tras el emplazamiento aprobado por la Cámara de Diputados la semana pasada, se espera que las comisiones correspondientes avancen en dictámenes para llevar los proyectos al recinto en los próximos días.

Uno de los impulsores del reclamo universitario, el rector de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), Enrique Mammarella, destacó en diálogo con La Marca de la Almohada el trabajo articulado entre las universidades y los legisladores. “Se ha hecho un trabajo importante, no solo en concretar un proyecto que pueda ser tratado, sino en discutirlo con diputados y diputadas que lograron el emplazamiento. Esperamos que se consiga la mayoría necesaria para seguir avanzando”, señaló.

El rector remarcó que, tras dos años de prórroga presupuestaria, es indispensable que el gobierno nacional envíe una ley de presupuesto para 2026. “Un gobierno que pretende dar idea de un país con calidad institucional debe tener presupuesto. Es la única forma de exigirle rendición de cuentas y saber a qué le da valor, si los fondos que recauda se destinan correctamente”, subrayó.

Sobre la iniciativa que comenzará a tratarse en comisión esta tarde, Mammarella explicó que la ley contempla tres ejes: una actualización del presupuesto desde 2024 a la fecha —con foco en partidas salariales—; una cobertura hasta fines de 2025 para gastos de funcionamiento; y un esquema automático de transferencias para garantizar previsibilidad financiera hacia el futuro. Este último punto apunta a que las partidas lleguen al área de Educación y se asignen a las universidades sin demoras discrecionales.

Consultado sobre una posible reacción del gobierno de Javier Milei ante la sanción de la ley, el rector fue claro: “El veto presidencial y el incumplimiento de una posible Ley de Financiamiento será motivo de recurrir a la Justicia”. En este marco, anticipó que si el oficialismo decide bloquear la norma, las universidades están preparadas para judicializar el tema.

Mammarella también expresó una fuerte crítica al modelo de país que impulsa el Ejecutivo nacional: “Evidentemente no se pretende un país desarrollado, sino uno primario. El rol de las universidades, para el gobierno, se concibe como el de vender un título, sin vínculo con la producción de conocimiento, el desarrollo social o la salud pública”.

Y comparó la situación de las universidades con la del Hospital Garrahan, que también sufre una crisis presupuestaria: “Si no tenés formación de recursos humanos ni desarrollo de nuevas prácticas, cuando tengas una necesidad la vas a resolver con métodos de hace 200 años. Y sin el personal preparado, así nos va a ir”.

Finalmente, se mostró optimista respecto a la votación: “En el Congreso tendríamos los votos necesarios para que la ley sea aprobada, y en caso de un veto presidencial, entendemos que podemos conseguir los votos que hacen falta para sostener la ley”.