Mediante un DNU, la administración modificó la ley de migraciones para facilitar las expulsiones y permitir cobros a extranjeros en servicios públicos. Aseguran acceso a educación básica y emergencias médicas, pero restringen otros beneficios sin residencia permanente
El Gobierno nacional impulsó este jueves una reforma profunda al sistema migratorio argentino a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 366/2025, publicado en el Boletín Oficial. La norma introduce cambios significativos en la Ley 25.871, endureciendo los requisitos para obtener la residencia permanente, facilitando las deportaciones y permitiendo que universidades públicas y hospitales cobren servicios a extranjeros sin residencia regular.
Entre los puntos más polémicos, el decreto establece que los migrantes en situación irregular deberán pagar por atención médica no urgente en hospitales nacionales, salvo en casos de emergencia. “Solo se brindará tratamiento médico habitual contra la presentación de un seguro de salud o la previa cancelación del servicio”, señala el texto, dejando en manos del Ministerio de Salud la fijación de aranceles.
En educación, aunque se mantiene la gratuidad universitaria para residentes permanentes, las instituciones podrán cobrar a quienes no cumplan este requisito. La excepción aplica para estudiantes de nivel inicial, primario y secundario, cuyo acceso queda garantizado sin importar su estatus migratorio. “Las universidades estatales podrán establecer retribuciones para quienes no tengan residencia permanente”, precisa el artículo 59.
El DNU crea además la figura de “residencia precaria”, con validez de 90 días renovables, pero advierte que este permiso no contará para futuros trámites de radicación permanente o nacionalización. Para obtener la residencia definitiva, los migrantes deberán demostrar medios económicos suficientes, carecer de antecedentes penales y cumplir con los nuevos requisitos que establecerá Migraciones.
En materia de deportaciones, la reforma amplía las facultades de la Dirección Nacional de Migraciones para acelerar procesos de expulsión. Al mismo tiempo, protege el derecho a la reunificación familiar para cónyuges e hijos menores de residentes permanentes o argentinos, aunque limita este beneficio a tres años prorrogables.
